Por Juan Alberto Rambaldo

Este es un tema que traté hace ya bastante tiempo para la publicación "Antimafia 2000 Argentina"  bajo el seudónimo de Juan Aragonés Randó.

Este tiene el mismo contenido pero está redactado de un modo distinto para facilitar su lectura.

Hecha la aclaración, sigamos:

La corrupción en la Argentina ha sido (y debo pensar que sigue siendo) una constante histórica.

Podríamos remontarnos a los inicios de la nacionalidad, cuando se contrajo el famoso empréstito Rivadavia- Baring Brothers[1].

En ese momento la Junta de Representantes autorizó la colocación del empréstito "a un tipo mínimo" del 70%.

Rivadavia, como ministro del gobernador Martín Rodríguez, constituyó un consorcio que representara al Gobierno de Buenos Aires para la colocación del empréstito al tipo de 70% (se excluyó la expresión "tipo mínimo"). Este consorcio estaba encabezado por los señores Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Parish Robertson, quienes en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firma Baring Brothers & Co.

Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso al consorcio colocarlos al 85%, pagando 70% a Buenos Aires y repartiéndose el 15% de diferencia con el consorcio.

Así, el 1 de julio de 1824 se contrató con la Banca Baring el empréstito por 1.000.000 de libras esterlinas. El 15% de diferencia de colocación representó 150.000 libras, de ellas el consorcio se quedó con 120.000 libras en carácter de comisión, y los 30.000 restantes fueron para la Baring.

Pero no es sólo eso ya que la Baring retendría 200.000 títulos al 70%, acreditando a Buenos Aires sólo 140.000 libras.

Por su parte, el consorcio dispuso que el dinero fuera enviado mediante letras giradas contra casas comerciales, una de las cuales era la de "Robertson y Costas", dos miembros del consorcio.

Como colofón, sólo llegaron a Buenos Aires 570.000 libras.

Podría también citar -entre otros- el Tratado Roca-Runciman, que le costaría la vida al senador Enzo Bordabere (asesinado en pleno recinto del senado), pero lo aquí expuesto tiene carácter introductorio, ya que para el presente trabajo partiré de lo que se dio en llamar Proceso de Reorganización Nacional iniciado el 24 de marzo de 1.976 con el golpe militar.

El Proceso Cívico Militar (1976 - 1983)

La intrusión del proceso militar del 24/03/76 tuvo como objeto promover la dependencia absoluta del país al proyecto del capital financiero, siendo su eminencia gris el Dr. Alfredo Martínez de Hoz con el respaldo de la Trilateral Comission.

Su adlater fue Guillermo Walter Klein que se desempeñó como Secretario de Estado de Programación y Coordinación económica, quien en el año 2008 fue querellado el asesinato de Juan Carlos Casariego de 

[1] Ver del Corro, Fernando . "La Baring Brothers y el Inicio de una Deuda". Tiempo Argentino. 02/06/12

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Bel, un funcionario del Ministerio de Economía secuestrado el 15 de junio de 1977 por negarse a certificar un dato crucial en el proceso de estatización de la empresa Ítalo en el que se pagaron U$S 400.000.000.- por material amortizado y calificado como "chatarra" por SEGBA. (La última noticia de Casariego de Bel es su aviso de que llegaría tarde a su casa porque tenía una reunión en el despacho de Klein).

En el B.C.R.A. se encontraba Adolfo Diz, conocido por su participación con los denominados "Chicago boys" por pertenecer a la corriente generada por Milton Fridman.

Otro colaborador fue José Luis Machinea (que luego asumiría en el B.C.R.A. durante el gobierno de Alfonsín y sustituiría las garantías del Estado respecto a la deuda privada, convirtiéndola en deuda directa y sería el creador del "blindaje" durante el gobierno del Dr. De La Rua).

Al final de la dictadura (1.982), aparece Domingo Felipe Cavallo como subsecretario del Ministerio del Interior y presidente del Banco Central de la República Argentina (Posteriormente se desempeñaría como Ministro de Economía de Carlos Menem y de Fernando de la Rua).

Alejandro Olmos Gaona -1- calificaría de "gran estafa" la deuda externa argentina, razón por la cual el 4 de abril de 1.982 presentó una querella contra José Alfredo Martínez de Hoz y otros funcionarios del gobierno cívico-militar por la contratación de la deuda externa, la que -a su entender- se había tomado de manera ilegal. El juez federal en lo criminal Jorge Ballesteros dio por terminada en forma definitiva la causa penal el 13 de julio de 2.000, dándose por probados más de 470 ilícitos. Sin embargo, se declaró que dichos delitos estaban prescriptos, por lo que ninguno de los implicados enfrentó pena alguna.

Si bien este fallo calificó con carácter de sentencia firme a la deuda externa como "ilegítima y fraudulenta", no se tomó medida alguna para remediar la situación y tan solo se dispuso enviar copia de su sentencia al Poder Legislativo para que se encargue del tema[2].

Pero la actividad criminal del gobierno de la Junta Militar no se limitó al fraude con la deuda externa, sino que se incursionó en la apropiación por la fuerza de empresas privadas, campos, etc..

Una de las más conocidas es la de "Papel Prensa S.A.", que pertenecía a la familia Graiver, cuyo "jefe" falleció en Méjico en lo que se describió como "un confuso accidente aeronáutico" ya que El avión chocó contra un cerro por falla en el altímetro.

Según Lidia Papaleo, unos días antes del suceso que le costaría la muerte a su esposo, el mejicano Gabriel Alarcón dueño del diario El Heraldo, le dijo a David Gravier "Tu debes vender Papel Prensa, porque te va a costar la vida"[3].

El resultado fue que, en noviembre de 1.976, "manu militari" se forzó a la venta de la empresa que ¡Oh casualidad! Fue adquirida por los diarios "Clarín", "La Nación" y "La Razón" (representados por Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Patricio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos y Bernardo ) quienes venían publicando en sus noticias la supuesta vinculación de David Graiver y su grupo con la organización Montoneros.

-1- Ver OLMOS GAONA, Alejandro: "Todo lo que Ud. quiso saber sobre la Deuda Externa y siembre se lo ocultaron. Quiénes y cómo la contrajeron". Ed. Peñalillo. Ediciones Continente

[2] Todo el Fallo Ballesteros s/ Deuda externa: https://web.archive.org/web/20130725175952/

https://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Ballesteros_JuicioSobreDeudaExterna/Ballesteros_oo1.htm

[3] https://tiempoargentino.com/nota/19343

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Lidia Papaleo de Graiver diría en Página 12[4] que Bernardo Sofovich (abogado de Clarín) le habría aconsejado que abandonase el país.

Fue así que a partir de marzo de 1977, los familiares y miembros del grupo Graiver fueron detenidos en forma ilegal:

El 8 de marzo, Juan Graiver; el 14, Lidia Papaleo, Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi; el 12, Dante Marra, Julio Daich y Enrique Brodsky; el 15, Jorge Rubinstein; el 17, Isidoro Graiver; el 22, Martín Aberg Cobo; el 1 de abril, Edgardo Sajón; el 12, Rafael Ianover; el 15, Jacobo Timerman y Osvaldo Papaleo; el 19, Orlando Reinoso, y el 22, Eva Gitnacht.

Todos ellos fueron llevados al centro clandestino de detención conocido como el "Pozo de Banfield"[5].

El 31 de agosto de 2.010, el Boletín Oficial publicó el Decreto 1210/10, firmado por la presidenta Cristina Fernández, el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el Ministro de Justicia Julio Alak, por el que ordena a la Secretaría de Derechos Humanos poner a disposición del Poder Judicial el informe Papel Prensa SA: la verdad, y que intervenga como parte querellante en las causas en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de quienes fueran integrantes de la firma Papel Prensa SA y de otras personas con las que aquellos tenían alguna vinculación. Instruye además a la Procuración del Tesoro para que intervenga en las causas relacionadas con la firma Papel Prensa SA. relativas a prácticas desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante, perjuicios al Estado Nacional en su carácter de socio y a los restantes accionistas y adquirentes en Bolsa. En abril de 2.011 la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en casos de terrorismo de Estado, calificó de "crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa entre 1976 y 1977". Los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro destacaron que "las pruebas revelan que los hechos denunciados podrían ser parte de acciones persecutorias e impregnadas por espurios intereses económicos".

Desde otra mirada, en 1.981, el Ministro de Economía Lorenzo Sigaut implementa un seguro de cambio mediante el cual el Estado le asegura a los deudores privados (la mayoría con deudas ficticias) que puedan solventar en pesos sus deudas en dólares. Esto es completado por Domingo Felipe Cavallo como Presidente del B.C.R.A., licuando de ese modo su falaz endeudamiento. Por esta razón, en 2011 el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió a la Procuración General del Tesoro que evalúe si corresponde "el inicio de las acciones de reparación" contra los funcionarios, Cavallo entre ellos, que en 1.982 dispusieron la "estatización de la deuda externa privada, transformando U$S 17.000.000.000 en deuda pública» y contra las empresas beneficiadas.

Muchas fueron las acciones de este tipo, pero excederían el marco de este trabajo.

Lo cierto es que mediante este mecanismo criminal de corrupción se decuplicó la deuda externa argentina, consolidando la dependencia.

[4] https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-195169-2012-05-29.html. Idem: CECCHINI, Daniel y MANCINELLI, Jorge. Silencio Por Sangre. Buenos Aires: Ed. Colección Sur. p. 18.

[5] Algunos de ellos continúan aún como desaparecidos, otros fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y otros murieron debido a las torturas aplicadas.

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El Gobierno Radical del Dr. Alfonsín (1.983 – 1.989)

En 1.983 asume como presidente de la Nación el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. 

Los actos de su gobierno se encuentran teñidos por lo que se dio en llamar el "Juicio a las Juntas" y no es mucho lo que se ha profundizado en otros aspectos.

En materia económica recibe el condicionamiento que significaba la referida deuda externa, en el marco de la crisis generada por la deuda latinoamericana ante la moratoria de Méjico y la negativa de los acreedores a refinanciar préstamos, con la exigencia de que la deuda se cancelara con los activos de los Estados deudores. Internamente, la deuda externa argentina había pasado de U$S 7.875.000.000 al finalizar 1.975, a U$S 45.087.000.000 de dólares al finalizar 1.983.

Su primer ministro de economía fue Bernardo Grispun quien, en consonancia con el canciller Dante Caputo, llevó adelante una política de tratamiento individual de la deuda externa con los diversos acreedores, soslayando la intervención del Fondo Monetario Internacional, cosa que no fue aceptada, por lo que impulsó la estrategia de que se organizara un "Club de Deudores" que intentó tomar forma con el "Consenso de Cartagena". La presión de los acreedores, el FMI y los Estados Unidos, logró hacer fracasar estas iniciativas.

Asimismo, ordenó auditar la deuda externa con el fin de declarar la nulidad de la deuda ilegítima. Instó para ello a la legislatura, quien hizo oídos sordos del proyecto y encargó al Presidente del B.C.R.A., Dr. Enrique García Vázquez, la auditoría de la deuda privada.

Según Alejandro Olmos Gaona (h)[6]: "El ministro Grinspun ordenó auditar la deuda privada en el Banco Central. El trabajo fue muy precario porque no se le dieron a los auditores todo lo necesario para hacerlo. A pesar de eso, demostró que gran parte de las deudas privadas eran ficticias[7], y en eso estaban involucradas las grandes empresas nacionales y extranjeras. Dado el escándalo que eso significaba, Grinspun se tuvo que ir y los que lo sucedieron desarticularon el cuerpo de peritos y nunca más se supo de la investigación".

En 1.985, ya ido Grinspun, asume en el B.C.R.A. José Luis Machinea (a quien ya nombráramos al analizar el período de la dictadura cívico-militar) y sustituyó la garantía del Estado sobre las deudas privadas, convirtiéndola en deuda directa.

Culmina así la nacionalización de la deuda privada (legítima e ilegítima) y la transferencia de ingresos a favor de los grupos más concentrados de la economía.

Principales beneficiados en U$S Según Manuel Alfieri[8]:

Cogasco SA, 1.348.000.000; Autopistas Urbanas SA, 951.000.000; Celulosa Argentina SA, 836.000.000; Acindar SA, 649.000.000; Banco Río, 520.000.000; Alto Parana SA, 425.000.000; Banco de Italia, 388.000.000; Banco de Galicia, 293.000.000; Bridas SA, 238.000.000; Alpargatas SA, 228.000.000; CitiBank, 213.000.000; Cía. Naviera Perez Companc, 211.000.000; Dalmine Siderca, 186.000.000; Banco Francés, 184.000.000; Papel De Tucumán, 176.000.000; Juan Minetti SA, 173.000.000; Banco Mercantil, 167.000.000; Aluar SA, 163.000.000; Banco Ganadero, 157.000.000; Celulosa Puerto Piray, 156.000.000; Banco Crédito Argentino, 153.000.000; Banco Comercial del Norte, 137.000.000; Banco de Londres, 135.000.000; Banco Tornquist, 134.000.000; Banco Español 134.000.000; Sade, 125.000.000; Sevel, 124.000.000; Banco de 

[6] https://adnrionegro.com.ar/2014/09/entrevisa-a-alejandro-olmos-gaona-sobre-esa-megaestafa-llamada-deuda-externa/

[7] Se estima que de los U$S 45.000.000.000 de deuda externa, U$S 23.000.000.000 era deuda privada fictici.

[8] https://tiempoargentino.com/nota/20790/socma-y-sevel-entre-mas-de-70-firmas-beneficiadas-por-la-dictadura-militar. Ver Deuda Externa Argentina I – Informe Mildberg:

https://www.diariomardeajo.com.ar/deudaexternaargentina1.htm

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Quilmes, 123.000.000; Parques Interama, 119.000.000; Cía. De Perforaciones Río Colorado, 119.000.000; Swift Armour, 115.000.000; IBM, 109.000.000; Banco Sudameris, 107.000.000; First National Bank Of Boston, 103.000.000; Astra A Evangelista SA, 103.000.000; Mercedes Benz, 92.000.000; Banco De Crédito Rural, 92.000.000; Deutsche Bank, 90.000.000; Industrias Metalúrgicas Pescarmona, 89.000.000; Banco Roberts, 89.000.000; Banco General de Negocios, 87.000.000; Alianza Naviera Argentina, 82.000.000; Propulsora Siderúrgica, 81.000.000; Ford 80.000.000; Astilleros Alianza SA de Construc., 80.000.000; Masuh SA, 80.000.000; Continental Illinois National Bank, 76.000.000; Banco Shaw, 73.000.000; Pirelli, 70.000.000; Deere and Company, 69.000.000; Cemento Noa, 67.000.000; Banco Supervielle, 65.000.000; Alimentaria San Luis, 65.000.000; Loma Negra, 62.000.000; Selva Oil Incorporated, 61.000.000; Macrosa, 61.000.000; Sideco Argentina 61.000.000; Chase Manhattan Bank, 61.000.000; Bank Of América, 59.000.000; Astra Cía. Argentina de Petróleo, 59.000.000; Deminex Argentina, 57.000.000; Industrias Pirelli, 56.000.000; Esso 55 La Penice SA, 53.000.000; Manufactures Hanover Trust, 53.000.000; Petroquímica Comodoro Rivadavia 52.000.000; Cia. General Fabril Financiera, 52.000.000; Panedile Argentina, 51.000.000; Fiat, 51.000.000; Banco Pcia. de Buenos Aires, 50.000.000; Otros, 11.116.000.000; TOTAL: U$S 23.000.000.000.

►Algunos de estos "beneficiarios" se encuentran investigados por actos concretos de violación de los derechos humanos en el período 1.976-1.983 (Mercedes Benz Argentina S.A., Acindar S.A., Celulosa Argentina S.A., etc.).

►Obsérvese que las entidades financieras (bancos) fueron los principales favorecidos.

►También se puede destacar el Grupo SOCMA (Sociedad Macri) y Sevel del mismo grupo.

A partir de 1.985 el gobierno cede a las exigencias del FMI y, endeudamiento mediante, culmina con una deuda externa de U$S 63.000.000.000, una inflación descontrolada, conflictos sociales, adelantamiento de las elecciones y entrega del poder a Menem.

El Gobierno Justicialista de Menem (1.989 – 1.999)

A partir de la presidencia del Dr. Carlos Saúl Menem se abre un período signado por la entrega del patrimonio nacional, la corrupción y la criminalidad mafiosa.

El gobierno de Menem comienza con una propuesta económica signada por la alianza con el grupo Bunge & Born, capitaneada por Jorge Born III, quien había sido secuestrado por la organización montoneros.

No queda claro si el vínculo de Jorge Born con Rodolfo Galimberti (a la sazón comandante de la columna norte del grupo montoneros) se inició durante su secuestro o con posterioridad, pero lo cierto es que ambos apoyaron financieramente la campaña presidencial de Menem.

La alianza Menem-Born generó lo que se llamó el "Plan BB", que significó que se desempeñaran como ministros de economía Miguel Angel Roig (vicepresidente de B&B) y posteriormente Néstor Mario Rapanelli (otro alto funcionario de B&B).

Esta alianza tuvo importancia en el indulto que Menem dictaría contra los militares e integrantes de los grupos armados.

El plan fracasó y esto le costaría a Jorge Born la pérdida de la presidencia de Bunge & Born. Posteriormente, Jorge Born acusó a Menem del fracaso del plan: "estaba rodeado de locos y de bandidos…

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....era imposible hacer nada. Le gustaban demasiado la plata y las mujeres. Era insaciable"[9].

A partir de 1.989, respondiendo a las exigencias derivadas del Consenso de Washington, se inicia un proceso de enajenación (e incluso disolución) de las empresas públicas con el objeto aparente de disminuir la deuda externa que duraría hasta 1.993.

►Empresas Privatizadas (Según Ley 23.696), Liquidadas (Según Ley 23.696) y/o Disueltas:

Administración Gral. de Puertos, Aerolíneas Argentinas S.E., Aeropuertos, Agua y Energía Eléctrica S.E., Área Material Córdoba Aviones, Argentina Televisora Color S.E., Astillero Ministro Manuel Domeq García, Astilleros y Fábricas Navales (AFNE S.A.), Bco. Hipotecario Nacional, Bco. Nac. de Desarrollo (BANADE), Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Canal 11 (LS 84 tv), Canal 13 (LS 85 tv), Carboquímica Argentina S.A.M., Carolina S.A. Minera, Cía. Azucarera las Palmas S.A.I.C.A.P.U., Conarsud S.A. Asesoría y Consultoría, Consultora S.A. de la Armada, Corporación Argentina de Productores (CAP), Empresa de Desarrollos Especiales S.A. (EDESA), Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE), Establecimiento Altos Hornos Zapla, Fábrica Militar de Acido Sulfúrico, Fábrica Militar de Tolueno Sintético, Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos (ECA), Fábrica Militar Gral. San Martín, Fábrica Militar Pilar, Fábrica Militar San Francisco, Ferrocarriles Argentinos S.A., Flota Fluvial del Estado Argentino, Fondo Nacional de la Marina Mercante, Forja Argentina S.A., Gas de Estado S.E., Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR), Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A. Minera (HIPASAM), Hipódromo Argentino, Induclor S.A.M., Indupa S.A., Industrias Mecánicas del Estado (IME), Instituto Nacional de Reaseguros S.E., Interbaires S.A., Intercargo S.A., Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional de Granos, LR3 Radio Belgrano, LR5 Radio Excélsior, LV3 Radio Córdoba, Llao Llao Holding, Monómetros Vinílicos, Obras Sanitarias de la Nación (OSN), Petropol, Petroquímica Bahía Blanca S.A., Petroquímica Gral. Mosconi S.A.I.C., Petroquímica Río Tercero, Polisur S.M., Redes de Acceso a Grandes Ciudades, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA), Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. (TANDANOR), Tanque Argentino Mediano S.E. (TAMSE), Tecnología Aeroespacial S.A. (TEA), Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E. (YPF).

Si se profundiza en la investigación, se verá que varios de los adquirentes fueron los también beneficiados por la nacionalización de la deuda externa que vimos precedentemente, amén de que los compradores pagaron gran parte de la compra con bonos de la deuda externa que se encontraban totalmente devaluados en el mercado (es decir, con un desembolso muchísimo menor).

Independientemente del manejo corrupto que rodeó estas privatizaciones, según el Taller de Estudios Laborales[10], sólo la privatización de SEGBA, Gas del Estado, OSN, ENTEL, YPF y Aerolíneas Argentinas, importó la pérdida de 75.381 puestos de trabajo.

[9] O´DONELL, María: Revista "Noticias". 25/04/16.

[10] https://www.tel.org.ar/lectura/privarg.html

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Tengo dicho[11] que "La desnacionalización de los servicios (teléfonos, agua potable, electricidad, etc.) y de los recursos más importantes del Estado (petróleo, petroquímica, etc.) constituyeron los negociados espúreos más grandes de la historia, generando el enriquecimiento en cientos de millones de dólares de los operadores gubernamentales y de sus jefes, donde el reparto ensució a la casi totalidad de los políticos argentinos, transformando a las bancas y a los partidos en cotos de caza y mesas de negocios para la obtención de prebendas de todo tipo".

Ya con Domingo Felipe Cavallo como ministro de economía, se ingresa en el llamado "Plan Brady" por el que se canjeó gran parte de la deuda externa argentina (U$S 23.000.000.000 de capital y U$S 8.000.000.000 de intereses) por nuevos bonos, mediante un mecanismo de aparente reducción y refinanciación.

Independientemente de los condicionamientos económico-políticos que la adopción del plan significaba, lo cierto es que de ese modo la deuda externa "se mezcló" haciendo imposible distinguir la legítima de la ilegítima.

Vale la pena leer los trabajos de Pablo Rieznik[12] y Alejandro Olmos Gaona (h)[13], quienes hablan de una consolidación de la estafa y la entrega.

Finalmente, pese a los U$S 14.000.000.000 en que se habría reducido la deuda externa como consecuencia de la privatización de los activos del Estado y a los U$S 10.000.000.000 por el Plan Brady, al fin del gobierno de Menem la misma alcanzó la suma de U$S 145.000.000.000.

En el marco de los diversos ilícitos ocurridos, el 01/12/15, el Tribunal Oral Federal N° 4 condenó por el delito de "peculado" a Menem a 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; a su ministro de economía, Domingo Felipe Cavallo a 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y a un decomiso de $ 220.000, y a Raúl Granillo Ocampo (ex ministro de justicia) a 3 años y 3 meses de prisión y el decomiso de $ 1.350.000 por el cobro de sobresueldos. []

Por los actos de ese período, Domingo Felipe Cavallo se encuentra imputado por la venta fraudulenta a precio vil del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural y junto a Menem y a los ex intendentes porteños Carlos Grosso y Saúl Bouer por la venta de una plaza pública ubicada frente a la estación de la línea Mitre, sin previa desafectación del patrimonio del Estado y también a precio vil.

A su vez, María Julia Alsogaray fue condenada a cuatro años de prisión por "administración fraudulenta en perjuicio del Estado" por contratos de fin de obra durante la privatización de ENTEL, a cuatro años por contratos que firmó como titular de la Secretaría de Recursos Naturales con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a cuatro años de prisión domiciliaria por "irregularidades en la contratación de pasantes" y a tres años de prisión e inhabilitación absoluta por el plazo de seis años por "enriquecimiento ilícito".

Veamos otros aspectos que hacen a la corrupción y criminalidad habida durante el período.

Es conocido el denominado Swiftgate que mereció la intervención de Terence Todman, embajador de los EE.UU., por el pedido de coimas al Swift para la importación de maquinarias para su planta de Rosario.

[11] RAMBALDO, Juan A.: Ponencia en el 1° Congreso en la Guerra Contra la Mafia realizado en la Universidad de Palermo (Sicilia -2.005). Ver www.antimafiadosmilargentina.com

[12] RIEZNIK, Pablo: "La deuda eterna: el 'Plan Brady' o la pequeña historia de una gran entrega". Razón y Revolución N° 2, primavera de 1.996, reedición electrónica.

[13] https://www.taringa.net/posts/economia-negocios/15952993/Plan-Brady-en-Argentina.html

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Esto le costó a Emir Yoma renunciar al cargo de asesor presidencial y habría merecido la célebre frase del Ministro del Interior José Luis Manzano (que luego desmentiría) "yo robo para la corona".

También el Yomagate en la que intervino Amira Yoma, cuñada del presidente y encargada de la agenda presidencial, a quien detuvieron en España con dos valijas repletas de dólares y que diera lugar a la intervención del juez Baltazar Garzón.

Vinculada a esta última, su esposo Ibrahim al Ibrahim, coronel de inteligencia sirio, tuvo a su cargo la Administración de Aduanas del aeropuerto de Ezeiza.

Este sujeto se encontraba vinculado a Alfredo Enrique Nallib Yabrán y al traficante de armas Mozer al Kazar.

Yabrán, a través de la empresa de transporte de carga Villalonga-Furlong, participaba de EDCADASSA (el otro 55% pertenecía a la Fuerza Aérea Argentina) y controlaba los depósitos de aduana, lo que posibilitaba el ingreso y egreso ilícito de drogas y armas, instrumentando su distribución a partir de O.C.A.S.A. e Intercar S.A. (empresas de correo privado), Juncadella (transporte de caudales) y la ya citada Villalonga-Furlong.

La investigación del tráfico de drogas y lavado de dinero a través de la aduana culminó con la muerte con un tiro en la boca del entonces Administrador Gral. de Aduanas, Brig. Echegoyen y del Subcomisario Jorge Gutiérrez que apareció con un balazo en la nuca dentro de un vagón de tren cuando investigaba las actividades de DEFISA[14].

Otro escándalo fue el generado por la venta de armas a Croacia y a Ecuador, hecho por el que el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (13/06/13) condenó al ex presidente Carlos Menem a 7 años de prisión de cumplimiento efectivo y a 5 años de prisión al ex ministro de Defensa Oscar Camillión.

Hay indicios muy serios de que la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero tuvo como objetivo ocultar el faltante de armas.

También se vincula a este afaire la muerte de Lourdes Di Natale, quien fuera secretaria de Emir Yoma, señalado como el líder de la banda encargada del tráfico de armas.

Aparentemente, toda esta trama de vínculos mafiosos habría desembocado en la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA[15] y en el aparente magnicidio del hijo del Presidente Menem, Carlos Saúl Facundo Menem[16].

[14] Ver RAMBALDO, Juan A.: op. y loc. cit.

[15] Ver mi trabajo "Acerca del Caso Nisman" en www.alternativahoy.com.ar

www.antimafiadosmilargentina.com

[16] Este criterio fue permanentemente sostenido por su madre, Zulema Yoma, ante el juez Villafuerte Ruzo del Tribunal Federal de San Nicolás que investiga el hecho y desde el 2.014 por el propio Carlos Saúl Menem. 

Por Juan Aragonés Randó

El período analizado anteriormente culminó con el fin del gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem, quien había modificado el sistema jubilatorio creando las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.) y (a través de su Ministro Cavallo) había implementado lo que se dio en llamar el Plan de Convertibilidad, con la paridad peso-dólar ($ 1.- = U$S 1.-).

Para mantener esa paridad ficticia la Argentina se debió sobreendeudar por lo que la deuda externa había crecido a U$S 145.000.000.000.-; el P.B.I. había caído un 3,4%; la tasa de desempleo era del 14% y la de subempleo del 20%.

El Gobierno del Dr. Fernando de la Rua (1.999 – 2.001)

El 10/12/99 asume el gobierno Fernando de la Rua, encabezando la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación formada por la Unión Cívica Radical (U.C.R.) y el Frente País Soberano (Fre.Pa.So.).

De la Rua, siendo su Ministro de Economía José Luis Machinea (a quien ya habíamos identificado como partícipe en los gobiernos de la dictadura cívico militar y del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín) continuó con la convertibilidad del peso, lo que llevó a que la necesidad de dólares fuese cada vez mayor y el endeudamiento se empleara para sostener el déficit fiscal y el pago a los acreedores, en un esquema financiero a todas luces recesivo.

Eso en un contexto donde los valores en Chicago eran de: U$S 108.- la tonelada de trigo, U$S 190.- la de soja y U$S 80.- la de maíz. Por otra parte el barril de petróleo cotizaba a U$S 20.-

El Blindaje

En enero de 2.001, Machinea -en consonancia con el FMI- elabora una operación financiera a la que se denominó "El Blindaje", consistente en un crédito de U$S 40.000.000.000.- en el que participaron actores financieros locales e internacionales (bancos, AFJP, FMI, BM, BID, etc.), con el objeto de "… transmitir seguridad de cobro a los acreedores… A cambioel Gobierno se comprometió, entre otras cosas, a recortar las jubilaciones futuras y desregular las obras sociales, medidas ya lanzadas por sendos decretos de necesidad y urgencia" (Página 12, 13-01-01).

Fue así que se le exigió al gobierno: una Reforma Previsional que eliminara la Prestación Básica Universal y elevara la edad jubilatoria de las mujeres; la Racionalización de la administración pública achicando el Estado; la Reducción del gasto público, para lo que se dictó una ley llamada de "Déficit Cero"; la Reestructuración de la ANSES y del PAMI, y la Desregulación de las Obras Sociales.

Estas medidas, respondían a la lógica de la especulación financiera: el Estado, ni bien recibía los dólares debía aplicarlos al pago de deudas preexistentes y condicionar su funcionamiento a lo que disponían los organismos de préstamos, quienes a su vez eran los beneficiarios de una escandalosa transferencia de ingresos.

Obviamente, el blindaje no introdujo ninguna solución al problema estructural de la economía.

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Los Sobornos en el Senado

En consonancia con lo pactado con el Fondo Monetario Internacional, el presidente De la Rúa envió al parlamento una Ley de Reforma Laboral que terminaba con los últimos resquicios de la legislación protectora de los derechos del trabajador argentino.

Su tratamiento en senadores -con mayoría peronista- fue escandaloso y se denunciaron sobornos para lograr su aprobación. El escándalo involucró al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique[1], al director de la SIDE, Fernando de Santibáñez, y a numerosos senadores peronistas y radicales. Flamarique, lejos de ser sancionado por su accionar, fue premiado con un ascenso, transformándose en el Secretario General de la Presidencia.

El vicepresidente Carlos Álvarez se unió a los denunciantes del escándalo, pero ante lo que consideró una evidente complicidad del ejecutivo en la maniobra, el 06/12/00 presentó su renuncia indeclinable. Su actitud no fue acompañada por sus compañeros del FrePaSo que prefirieron mantenerse en sus cargos, dejándolo aislado.

Con el tiempo, de la Rua, Flamarique y de Santibañez fueron procesados penalmente, siendo acusados por el "arrepentido" Mario Pontaquarto, ex secretario parlamentario del senado, quien habría intervenido en la "distribución" de los sobornos.

El Caso Sevel

En el marco de la causa por contrabando agravado por parte de la empresa Sevel (integrante del grupo Socma), en Octubre del año 2.000 la Sala B de la Cámara Penal Económica confirma el procesamiento de Franco Macri y dispone que se continúen las investigaciones respecto de Mauricio Macri, de los ejecutivos Luis Da Costa y Armando Amasanti, y que se amplíen respecto del ex titular de la Unión Industrial Argentina, Jorge Blanco Villegas, que también formaba parte de esa empresa[2].

Ya vuelta la causa a manos del juez Liporaci, en febrero del 2.001, el magistrado dispone el procesamiento de Mauricio Macri y los directivos de Sevel[3].

[1] Según Moyano –dirigente sindical del gremio de camioneros- en una reunión a fines de enero de 2000 en una cena en Obras Sanitarias, que habría sido convocada por Rubén Pereyra, entonces secretario de la Federación Nacional de ese gremio, y en la que habrían estado presentes el líder gremial de los taxistas Omar Viviani; el entonces titular de la UTA, Juan Manuel Palacios; el exlíder de la CGT Saúl Ubaldini, "Flamarique, muy suelto de cuerpo, dijo ´para los senadores tengo la Banelco´". Esto porque habrían evaluado que la reforma laboral iba a ser aprobada en diputados pero no en el senado que tenía mayoría peronista

[2] La causa investigaba la venta de autopartes y piezas de Sevel Argentina a sus filiales Sevel Uruguay SA y Drago SA, realizadas como exportaciones definitivas, lo que la hacía acreedora al cobro de reintegros. En Uruguay las partes eran ensambladas y reexportadas a Argentina como vehículos terminados –automóviles y camionetas– bajo el régimen de intercambio compensado entre miembros del Mercosur, por lo cual no pagaban aranceles de importación. La información judicial señala que la operación habría involucrado unos 1.300 vehículos durante unos pocos meses entre 1.993 y 1.994, suponiéndose que la operatoria delictiva continuó hasta 1.995 inclusive.

[3] Según Alejandro Guerrero (Razón y Sentido del 25/06/15), la maniobra se desenvolvió bajo el régimen de "importaciones por particulares", que regulaba el Decreto 2677/91. Este autorizaba a importar a personas físicas o ideales, en forma particular, los mismos tipos de automotores producidos o importados por las terminales automotrices radicadas en la Argentina. Con ese propósito se había usado de pantalla a la empresa uruguaya Opalsen SA, una controlada de Sevel Argentina. Por lo menos, buena parte del directorio de Sevel figuraba en la nómina de Opalsen. Además, Sevel SA tenía participación mayoritaria en el paquete accionario de Opalsen. Para incluirse en el régimen especial de impuestos a la importación de automóviles por particulares, Sevel y Opalsen falsificaban las firmas de los compradores, que aparecían como si fueran importadores, y presentaban despachos de importación falsificados ante la Aduana de Buenos Aires y la de Gualeguaychú. En total, según cálculos muy moderados, esa maniobra permitió a Sevel dejar impuestos impagos por unos 450 millones de dólares.

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Inesperadamente, la Administración Nacional de Aduanas, que actuaba como querellante en la causa, se retira de su rol por orden de José Luis Machinea, ante lo cual el juez Liporaci habría señalado que "resulta sugestivo para el tribunal que el letrado patrocinante de la querella solicitara tres días antes la ampliación de la investigación a los períodos posteriores a los ya investigados para luego, siguiendo el criterio del Sr. Ministro de Economía, desistir de la acción en la causa".

Estando a la información publicada por "Pagina 12", fuentes tribunalicias habrían asegurado que el Ministro Machinea habría dado la instrucción de desistir de la querella luego de que directivos de la firma francesa Peugeot –que absorbió Sevel– le hicieran notar que se verían perjudicados materialmente en el caso de un fallo desfavorable al punto que de ser condenada Sevel, su continuadora tendría que pagar multas por cientos de millones de dólares[4].

Pese al retiro de la Administración Nacional de Aduanas de su rol de querellante, la causa siguió su curso por impulso de la fiscal María Gabriela Ruiz Morales, pero en Noviembre del 2.001, la Sala III de la Cámara de Casación Penal dispuso "sobreseer con carácter total a la empresa Peugeot-Citroen Argentina, en su condición de continuadora de Sevel" por entender que no hubo delito en la causa. Y así concluyó también en el sobreseimiento de los imputados.

El periódico El Litoral del 17/11/01 menciona los dichos de fuentes judiciales: "Es insólito. Los fiscales, tres jueces y una Cámara Penal Económico investigaron el caso y nunca dudaron que el delito existió. Ahora, Casación, que no suele meterse en cuestiones de hecho y de prueba, en este caso lo hizo y así cerró virtualmente la causa y benefició a todos los que podrían haber sido investigados por esta maniobra"[5].

Con esta resolución, se vieron beneficiados tanto los Macri como los directivos de la ex Sevel que habían sido imputados en la maniobra por contrabando agravado, un delito que se castiga con hasta 12 años de cárcel.

En ese momento el Ministro de Economía era Domingo Felipe Cavallo.

El Megacanje

Luego de la renuncia de Machinea y la posterior de López Murphy, desempeñándose como Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo y como Secretario de Política Económica Federico Struzenegger, ante una propuesta de David Mulford (ex secretario del Tesoro de EE.UU. que por ese entonces trabajaba para el banco Credit Suisse First Boston), se implementa lo que se dio en llamar "El Megacanje".

Diría Felipe Pigna[6]: "A primera vista, la operación parecía sencilla y beneficiosa para el país: se canjeaban 46 tipos distintos de bonos de deuda soberana por 5 tipos de bonos, con vencimientos hasta el año 2031. Sin embargo, la operación aumentó la deuda del país en un volumen inimaginable.

[4] Sevel fue cambiando de manos por etapas. Primero perdió la licencia de Fiat, cuando la automotriz italiana decidió retornar al país. Luego ingresó Peugeot como socio minoritario a Sevel, hasta que finalmente Socma (Grupo Macri) se retiró del sector y Peugeot pasó a operar con su propio nombre.

[5] Fernando Ignacio Magliano diría en "Razón y Sentido" del 28/04/13 que "Al comenzar la década de 1.970, los Macri eran dueños de siete empresas. Cuando terminó la dictadura militar, controlaban 46. Su compañía madre, Socma (Sociedad Macri), fue una de las más beneficiadas por la estatización de la deuda externa privada ejecutada mediante un "seguro de cambio" dispuesta en 1.982 por Domingo Cavallo".

[6] PIÑA, Felipe: "El Blindaje y el Mega-Canje, la Estafa Financiera más Grande de la Historia Argentina". 

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El peritaje de la causa judicial por el Mega-Canje realizado por el experto en ingeniería financiera Moises Resnick Brenner sostiene que el país sufrió un perjuicio valuado en 55.000 millones de dólares. Siete fueron los bancos implicados en esta fenomenal estafa, y obtuvieron 150 millones de dólares en comisiones. Los bancos eran: Banco Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston. El ideólogo, David Mulford, cobraría en carácter de comisiones 20 millones de dólares.

Los bancos y las AFJPs aportaban al canje títulos por valor total 27.000 millones de dólares para ser canjeados por los nuevos papeles de deuda del país. Sin embargo, 20.000 de esos 27.000 millones de dólares ya estaban en la cartera de los bancos y las AFJPs. Por lo tanto, las abultadas comisiones que cobraron fueron por hacer de intermediarios financieros ¡De sí mismos!" (La negrita es del autor)

Para peor, antes del Mega-Canje se calculaba que Argentina debía pagar en el período 2.001-2.031 U$S 60.500.000.000.- por los vencimientos de la deuda pública; pero luego del Mega-Canje, ese valor se incrementó en un 63%, llegando a los U$S 98.400.000.000.- Además, los intereses de la deuda pasarían de U$S 82.300.000.000.- a U$S 120.700.000.000.-

Por esta maniobra fueron procesados por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública en tanto interesados directos en la operación de canje de bonos en miras a que los bancos autorizados obtuvieran un beneficio, Domingo Cavallo, Federico Struzenegger, Jorge Baldrich (Secretario de Hacienda), Julio Dreizzen (subdirector de Financiamiento), Guillermo Mondino (jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía), Horacio Tomás Liendo (asesor del Ministro de Economía), Ernesto Marcer (Procurador del Tesoro), Carlos Molina (Director de la Oficina Nacional de Crédito Público), Norberto López Isnardi (Director de Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público) y David Mulford (que nunca se presentó al proceso). Salvo Cavallo, el resto de los funcionarios fueron sobreseídos por prescripción.

La operación del Megacanje concluyó en Noviembre de 2.001 y, al poco tiempo, con la excusa de que la Argentina no había cumplido con lograr fiscalmente un "déficit cero", el FMI se negó a desembolsar el tramo pendiente del préstamo acordado mediante "El Blindaje".

Ante la angustiante situación financiera, y ante la notoria fuga de divisas (en 6 meses se fueron al exterior U$S 20.000.000.000.-), el gobierno dispuso el congelamiento de los fondos depositados en los bancos, medida conocida como "el corralito".

Antes había dispuesto una drástica reducción del gasto público, entre cuyas consecuencias estuvo la reducción del 13% de los ingresos de los jubilados.

El descreimiento de la población en la dirigencia política, el endeudamiento de los productores agrarios, el referido congelamiento de los depósitos que gravitó sobre el humor de la clase media que concurría masivamente ante las entidades bancarias a reclamar la devolución de sus ahorros congelados y la situación social que afectaba severamente a los sectores de menores recursos (desocupados, subocupados y asalariados con ingresos paupérrimos), derivó en una suerte de "rebelión popular" con saqueos y ataques a supermercados[7].

[7] []El escándalo por corrupción, el aumento de la desocupación, la baja de los servicios sociales, etc., llevaron a una situación de descreimiento de la población en la dirigencia política que, en las elecciones legislativas del 2.001 la sumatoria de los votos en blanco y nulos alcanzó la cifra récord del 41% de los votantes, equivalentes a 10.200.000 argentinos. Primó la consigna "que se vayan todos".

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El 19 de diciembre de la Rua decretó el "estado de sitio" pero el estallido social continuó, la policía fue desbordada y el saldo de la represión fue de 27 muertos y más de 2.000 heridos[8].

El 20 de diciembre de 2.001, en horas de la tarde, de la Rua renunció a la presidencia.

Los Cuatro Presidentes (2.001 - 2.003)

El Ing. Federico Ramón Puerta (20/12/01 - 23/12/01)

Ante la renuncia del Presidente de la República correspondía que asumiera el cargo el Vicepresidente (quien a su vez reviste el carácter de Presidente del Senado), pero como Carlos Álvarez había renunciado hacía un año, no había vicepresidente y ejercía el cargo de Presidente Provisional del Senado el Ing. Federico Ramón Puerta.

En cumplimiento de la ley de acefalía, Puerta designó un gabinete de urgencia y convocó a sesión de la Asamblea Legislativa para la elección de un Presidente Provisional que debía llamar a elecciones en el plazo de 90 días.

La Asamblea eligió para el cargo al Dr. Adolfo Rodríguez Saá, senador por la provincia de San Luis.

A los pocos días Puerta, invocando razones de salud (sic), renunció al cargo de Presidente Provisional del Senado, manteniéndose como senador por Misiones.

El Dr. Adolfo Rodríguez Saá (23/12/01 – 30/12/01)

Al asumir el cargo declaró la suspensión de los pagos de la deuda externa y la creación (que nunca llegó a concretarse) de una nueva moneda no convertible, el Argentino, con la cual prometió que financiaría planes de vivienda, que daría más de 100.000 subsidios y un aumento a jubilados y estatales. Esta moneda tendría curso legal conjuntamente con el Peso que mantendría la convertibilidad con el dólar y se iría devaluando en forma paulatina.

El gobierno de Rodríguez Saá, luego de tortuosas disputas en el congreso (incluidas agresiones físicas), y sin el apoyo de un importante sector del justicialismo, debió renunciar. Su gobierno duró apenas siete días.

Con el tiempo diría que los que presionaron su "destitución" fueron los integrantes de los sectores empresarios pertenecientes a la Unión Industrial Argentina (U.I.A.) que pretendían que sus deudas en dólares fueran pesificadas y, una vez operada la pesificación, se procediera a la salida de la convertibilidad y la devaluación del peso. Acusó al "Grupo Clarin" –al que señaló como que debía U$S 940.000.000.- y a quien calificó de ser los creadores del "golpismo democrático"- de actuar como "punta de lanza" de este operativo. También atribuyó a Héctor Horacio Magnetto -director ejecutivo del multimedio-

[8] En fallo del Tribunal Oral Federal N° 6 del 23/05/16, fueron condenados por estos hechos: Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad, a 4 años y 9 meses de prisión; Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, a 4 años de cárcel.; Carlos José López a 6 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 10 años; Roberto Emilio Juárez a 4 años y medio de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 9 años; Víctor Manuel Belloni a 3 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 3 años; Omar Alberto Bellante a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años; Raúl Roberto Andreozzi a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años; Norberto Edgardo Gaudiero a 3 años y medios de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 7 años, y Ariel Gonzalo Firpo Castro a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años.

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de impulsar un fuerte operativo para que se llevara a cabo la denominada "pesificación asimétrica" que después concretaría Eduardo Duhalde.

Eduardo Oscar Caamaño (30/12/01 – 02/01/02)

Renunciado Rodríguez Saá al cargo de Presidente Provisional de la República y Federico Ramón Puerta al de Presidente Provisional del Senado, la sucesión presidencial recayó en el Presidente de la Cámara de Diputados, el duhaldista Eduardo Oscar Caamaño.

Caamaño citó a la Asamblea Legislativa, la que designó al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Eduardo Alberto Duhalde como Presidente Provisional de la República y a quien le otorgó la potestad de proseguir en el cargo hasta que se cumpliese la totalidad del período presidencial interrumpido.

A Duhalde se lo señala como el promotor de las movilizaciones que desembocaron en la renuncia de de la Rua y del lobby que culminó con la renuncia de Rodríguez Saá.

El Dr. Eduardo Alberto Duhalde (02/01/02 – 25/05/03)

Llegado al gobierno, Duhalde se encuentra con que la situación económica estaba descontrolada, con los bancos cerrados, las cuentas bancarias en el llamado "corralito", la moratoria en el pago de la deuda externa declarada oficialmente y el malestar social expresado en miles de manifestaciones en todo el país.

Designa a Jorge Remes Lenicov como ministro de economía y a José Ignacio de Mendiguren (presidente de la UIA) como ministro de producción, a la vez que manifiesta públicamente que "... van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos (...) el que depositó dólares recibirá dólares...el que depositó pesos recibirá pesos".

Sin embargo, y como no podía ser de otra manera porque el atraso cambiario afectaba profundamente el saldo de la balanza comercial, a los pocos días el gobierno dispone la derogación de la Ley de Convertibilidad.

Ahora bien, no se realiza una devaluación lisa y llana del peso, sino que si bien se establece la paridad U$S 1.- = $ 1,40, también se determina que las deudas en dólares tenidas con las entidades financieras se cancelarían en pesos a la relación U$S 1.- = $ 1.-, generando una importante licuación de los pasivos de las grandes empresas y del sector agropecuario con cuantiosa deuda hipotecaria, la que sería financiada (léase soportada) por el Estado.

Paralelamente, se elevaron las retenciones a las exportaciones de granos del 3% al 20% y más, lo que significó que los ingresos por derecho de exportación pasaran de U$S 52.000.000.- en el 2.001 a U$S 5.022.000.000.- en el 2.002.

Con posterioridad a su renuncia como Ministro de Economía, en la edición de Página 12 del 14/08/02, Remes Lenicov explicaría que las medidas fueron producto de las "presiones de los empresarios y también de los bancos, que en forma conjunta se reunieron con Duhalde y con nosotros. Los empresarios decían que si aumentaba 40 por ciento su deuda, no la podrían pagar y los bancos entonces nada cobrarían: por eso que conjuntamente ambas partes acordaron plantear la pesificación asimétrica" (lo coloreado es mío).

Algunos testigos de aquellas jornadas dirían que "las gestiones fueron llevadas por ejecutivos como Carlos Giovanelli (Citibank), Enrique Cristofani (Río Santander), Emilio Cárdenas (HSBC) y Manuel Sacerdote (Boston), e industriales como Héctor Massuh, por la Unión Industrial Argentina, mientras José Ignacio de Mendiguren detentaba el Ministerio de la Producción y militaba en el mismo lobby".

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EL 01/02/02 la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de "el corralito".

El 03/02/02, mediante el decreto 214/02 el gobierno dispone que todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidos a pesos a razón de $ 1,40 por cada dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera, y que la entidad financiera cumpliría con su obligación devolviendo pesos a la relación indicada. Se reprogramaron los pagos y se creó un Coeficiente de Estabilización de Referencia aplicable a la fecha del efectivo reintegro. A esto de lo denominó "El Corralón". Los bancos percibirían en compensación un bono del Estado para "equilibrar" la diferencia.

El resultado fue que el dólar estadounidense (billete) cotizara en el mes de marzo a $3.- y a fin de año a $ 3,65, lo que significó que se vieran notoriamente beneficiados aquellos que –amparados en la ley de convertibilidad- habían retirado sus depósitos y llevados los dólares al exterior, y los que vieron pesificadas sus deudas en dólares a razón de $ 1.- el dólar.

En el mes de abril fue designado Ministro de Economía y Producción el Lic. Roberto Lavagna[9], quien pondría fin al "corralito" en diciembre de 2.003, siendo Ministro de Economía de Kirchner.

Por decisión política o por presión lobbista, lo cierto es que ese fue "el precio" que el gobierno decidió hacer pagar al Estado.

Según Mario Cafiero (Infosur 12/06/12) "por exigencia del FMI y la banca internacional, el gobierno concretó la salida de la crisis bancaria del 2001, y de los famosos corralito y corralón, mediante el simple expediente de efectuar un salvataje integral de los bancos, cargándole el costo de la pesificación asimétrica al Estado nacional, que se hizo cargo de ella, y por extensión todos los que contribuimos a su sostenimiento. La información referida a cuanto recibió cada banco, se mantiene absolutamente encapsulada, como si fuera top secret. Pero el monto total de los Boden emitidos en ínterin trepan a los 27 mil millones de dólares. Y a la par analistas económicos sostienen que el costo fiscal de esa crisis, habría trepado al 18 % del PBI. O sea alrededor de 32.000 millones de dólares, que de alguna manera u otra fue solventada por el fisco".

En contraposición, los más perjudicados no sólo fueron los pequeños ahorristas y el Estado nacional (es decir todos los argentinos), sino también -y fundamentalmente- los asalariados que debieron soportar durante el año 2.002 una inflación del 41% anual y una suba de los productos de primera necesidad del 74,9%[10].

A raíz de esto se sucedieron movilizaciones y cortes de rutas organizados por los denominados "grupos piqueteros"[11] y el 26/06/02, durante una acción de este tipo, cerca de la Estación Avellaneda, la Policía 

[1] Durante la gestión del Ministro Lavagna el P.B.I. creció a razón de un 8% interanual.

[2]Según datos oficiales del SIEMPRO (Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales), un organismo que dependía de la Presidencia de la Nación, en mayo de 2002 el 51,4 % de la población (unas 18,2 millones de personas) se encontraban por debajo de la línea de pobreza y la cantidad de indigentes aumentó en los primeros cinco meses de ese año un 42,5 % (unas 7,8 millones de personas). La línea de pobreza se encontraba en ese mes en ganar menos de 626 pesos mensuales (unos 155 dólares) para una familia de cuatro integrantes, y la de indigencia en menos de 266 pesos (unos 66 dólares).

[3] Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, etc..

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de la Pcia. de Buenos Aires mata (asesina) a escopetazos a Darío Kosteki y Maximiliano Santillán[1].

Duhalde adelanta seis meses las elecciones y entrega el mando presidencial a Néstor Kischner el 25/05/03.

El 13/07/04 la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional al "corralón".

[1] Santillán fue baleado en la Estación Avellaneda en el arco del Supermercado Carrefour, a cuadra y media de la estación. Una cámara del noticiero de Canal 7 filmó el momento en que dos efectivos de la policía provincial –el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta- dispararon sobre los manifestantes que en ese momento se encontraban separados del resto. También existen varias fotos del fotógrafo independiente Sergio Kowalewsky y del fotógrafo del diario Clarín, Pepe Mateos.