LEY 26.160

A los Diputados y a las Diputadas de la Nación Argentina,

Como ustedes sabrán el Congreso de la Nación tiene una importante deuda con los pueblos originarios: la urgente prórroga de la Ley 26160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios indígenas. Esta normativa obliga al Estado a efectuar un relevamiento participativo de todas las tierras y dispone la suspensión de todos los desalojos en curso. La Ley prevé la entrega a cada comunidad de una «carpeta técnica» acreditando su derecho a la titularidad de las tierras.

Lamentablemente ese proceso se ha demorado mucho más de lo originalmente pensado y hoy la vigencia de dicha legislación ha sido extendida mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

El relevamiento fue iniciado en 2007 con más de 900 comunidades registradas para ser relevadas. En la actualidad, de un total de 1790 comunidades identificadas por la Dirección de Tierras y Re.Na.CI a nivel Nacional (publicadas en el portal de Justicia Abierta en el mes de mayo 2022) hay 780 resoluciones y entrega de carpetas técnicas y ya son más de mil las comunidades abordadas por el relevamiento (con el proceso iniciado).

Luego de 16 años de inicio del proceso de relevamiento la situación actual nos llena de zozobra ya que se trata de un tema tan delicado como el del reconocimiento de la posesión de los Territorios Comunitarios Ancestrales, y de su ocupación tradicional, actual y pública. Pero lo más grave es que, pese a que la ley lo prohíbe, en estos años decenas de comunidades han sido desalojadas, muchas veces con niveles de violencia extrema que ha incluido represión, heridos graves y lamentablemente asesinatos.

En este punto creemos oportuno recordarles que la Ley 26160 fue sancionada en el año 2006 y prorrogada por el poder legislativo en el 2009, 2013 y 2017, y por el DNU en 2021. Es decir que distintos gobiernos, de distinto signo político han entendido que este es un tema que necesita soluciones de fondo y de manera urgente, pero aún estamos a la espera que sean los diputados y diputadas quienes aprueben la prórroga, puesto que senadores y senadoras nacionales ya la han votado.

Nuestros pueblos y comunidades no pueden ser despojados de lo que por derecho les pertenece. Derechos que han sido reconocidos por instituciones nacionales e internacionales y que incluso subrayan que somos los guardianes de los bienes naturales de alrededor de 7 millones de hectáreas de nuestro país.

Por todo lo anterior les solicitamos que este 2022 sea el año donde se pueda reparar, al menos en parte, una deuda histórica del Estado argentino para con los pueblos indígenas extendiendo la vigencia de la Ley 26160 y velando por su cumplimiento. Esto es una responsabilidad indelegable del Congreso como lo marca la Constitución Nacional en el artículo 75 incisos 17 y 22 y como tal debe cumplirse.

A fin de poder charlar y aportarles nuestra visión sobre todo lo aquí planteado, la Mesa Nacional de Organismos de DDHH los convoca a un Encuentro por la Emergencia Territorial Indígena a realizarse en ámbito del Congreso de la Nación el día 5 de julio a las 17 hs.

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

Abuelas de Plaza de Mayo

H.I.J.O.S. Capital

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

Familiares y Compañeros de los Doce de la Santa Cruz

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Comisión Memoria, Verdad y Justicia - Zona Norte

Fundación Memoria Histórica Social Argentina

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - La Matanza

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Asociación Buena Memoria

Además, acompañamos a la presente la adhesión de respaldo a nuestro reclamo de numerosas instituciones académicas, sociales, de Derechos Humanos y ONGs.

Secretaría Nacional de Pueblos Originarios de APDH Argentina

Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Región NOA (OPINOA)