El Gobierno de Bolivia denuncia a las autoridades de Santa Cruz por "separatismo", "racismo" y "ultraje" contra la Wiphala
Tras la aprobación de una ley que da atribuciones al opositor Fernando Camacho, grupos afines habrían ofendido el símbolo patrio que representa a las comunidades originarias.
El Gobierno de Bolivia denunció este viernes acciones "separatistas", "racistas" y de "ultraje" contra la Wiphala, realizadaspor las autoridades de Santa Cruz durante un acto por el aniversario de ese departamento, que administra el opositor Luis Fernando Camacho.
En la conmemoración por los 211 años de la fundación de esa entidad territorial, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dio la espalda a parlamentarios nacionales del oficialismo y roció con alcohol los lugares que ocupaban en la ceremonia.
En otro tramo del acto, partidarios de la alianza Creemos, fundada por Camacho, protestaron ante el izamiento de la bandera multicolor que representa a los pueblos originarios, y que desde 2008 es reconocida por ley como símbolo patrio del Estado Plurinacional de Bolivia.
"¡Saquen la Wiphala, es un insulto!", "¡Es una vergüenza!", gritaban y vitoreaban al gobernador. Otros respondían acusando a Camacho de "asesino", por ser considerado un instigador del golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos cometidas tras el derrocamiento de Evo Morales en 2019.
El vicepresidente David Choquehuanca, mandatario en ejercicio debido a la participación de Luis Arce en la Asamblea General de la ONU en Nueva York (EE.UU.), debía izar la bandera de Bolivia, pero las autoridades cruceñas no respetaron su investidura ni el protocolo.
En medio de la tensión, partidarios de Camacho levantaron la bandera de la flor de Patujú, que representa la identidad de pueblos indígenas del oriente boliviano y es símbolo departamental, pero no nacional. Al rato, sus seguidores retiraron la Wiphala.
Además de este hecho, fue destruida una ofrenda floral del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu -una organización de pueblos indígenas-, cuyos integrantes fueron agredidos. Y al término del acto, un representante campesino fue expulsado y azotado en la plaza.
A raíz de lo sucedido, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima, anunció en rueda de prensa que se iniciará un proceso en tribunales por los delitos de racismo y discriminación, que la Fiscalía y la Policía investigarán para identificar a los autores.
"Pero vemos una autoría mediata -dijo Lima-. Hubo una persona que desde el primer momento le dio la espalda a los representantes nacionales, que tuvo un discurso de odio y que permanentemente habla de que en el país hay bestias humanas. Me estoy refiriendo a Rómulo Calvo. La actitud que él tomó es la que ha desencadenado la situación", afirmó.
Una ley "separatista" aprobada en Santa Cruz
Por otra parte, el funcionario vinculó los hechos con una reciente normativa, aprobada por la legislatura de la región más rica de Bolivia, que le da la potestad de designar autoridades que son de incumbencia nacional.
La Asamblea Departamental de Santa Cruz, sostuvo, sancionó una ley que, en "una grave afrenta a la unidad del país", constituye "indicio de delito de separatismo". Eso "no puede ser admitido", advirtió el titular de Justicia.
Según explicó, por una ley regional cuestionada, la Asamblea cruceña se asigna atribuciones para elaborar ternas de designación de autoridades como el fiscal departamental, representantes de la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría, vocales electorales y judiciales y un director anticorrupción.
"La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia es la única instancia que puede legislar en esos temas, y la usurpación de esas atribuciones constituye una vulneración a la Constitución Política del Estado, a las leyes y normas de orden público", señaló.
Por último, anunció que, en espera de un pronto pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TCP), el Gobierno de Luis Arce se declara en "situación de emergencia" y exhorta a Camacho a no promulgar una ley que pondría a Santa Cruz en desacato frente a los órganos nacionales administrativos, judiciales y electorales.
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