Integrante de la Asamblea El Algarrobo y estudiante de profesorado de Geografía

La siguiente nota es sobre el recrudecimiento de la lucha por el agua en Andalgalá cuya historia se remonta a más de 10 años con el proyecto Lumbrera y que ahora resurge con un nuevo proyecto llamado Agua Rica. 

PREGUNTA:

¿Quisiera que nos cuentes en que situación se encuentra en estos momentos Andalgalá ?

J M:

Volvió a surgir la resistencia, si bien ya la teníamos desde hace 11 años que es donde comienza la amenaza del proyecto Agua Rica el cual está amenazando el futuro de nuestro pueblo, de nuestros hijos, tal vez hijos, he hijas que aún no nacieron. 

Nosotros el 22 de marzo en el día mundial del Agua estábamos por comenzar con la adhesión de lo que es el movimiento plurinacional que se había hecho en defensa del Agua, habíamos concretado una Asamblea con gran cantidad de trabajadores mineros y ahí decidimos volver a los bloqueos. Hace ocho días que estamos bloqueando, es un bloqueo selectivo a la empresa minera que está transitando por caminos comuneros, en lo que es nuestro Departamento con la cual está violando dos resoluciones del Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca,  la Ley 208 y la 209 que son los caminos que van al emprendimiento minero.

Al estar ocho días hemos recibido la visita de la Policía en forma de amedrentamiento y por lo cual hemos presentado un Habeas Corpus preventivo que el Juez Rodolfo Cesenafo rechazó dando así un claro mensaje de lo que puede ser una posible o una futura represión que ya el 15 de febrero  del  2010  hemos tenido, con una brutal violencia que los vecinos y vecinas, niños, abuelos, abuelas, jubilados y mujeres. 

Lo que ahora estamos denunciando es la complicidad que tiene la Justicia Catamarqueña a favor de estas empresas extractivistas, ya que en diciembre del 2020 se dio la inconstitucionalidad de la Ordenanza que teníamos nosotros que era legítima la cual prohibía los trabajos de megaminería en las Cuencas Altas del Río Andalgalá, hay que destacar que este emprendimiento minero se encuentra justo en las nacientes de nuestro río.

La empresa más allá de violar esas dos resoluciones también está violando el Artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, tenemos múltiples violaciones de los Derechos Humanos, por eso hemos decidido volver a la protesta que también está amparada en la Constitución. También están violando el acuerdo Escazú, por ello hemos decidido ya hace ocho días estar al costado de la ruta, estamos recibiendo la visita de la policía, también la empresa está cometiendo una grave violación de los derechos de los trabajadores que son enviados en autos particulares porque que saben de nuestro bloqueo, entonces si o si lo que hacen es estar interesándose por la producción extractiva que nos están planteando, dejar con una posible contaminación, aguas que no tendrán ninguna remediación en el futuro. 

Vemos y estamos preocupados dado que puede ser algo que seguramente va a impactar en nuestras cuencas de agua, en nuestro futuro y seguramente va a ser lo que es el desarraigo ya que no podemos consumir un agua cargada en metales, entonces a eso nos estamos oponiendo ahora, hoy en día, en estos momentos seguimos con el bloqueo.

COMENTARIO:

Se encuentra presente  otro vecino que está justamente en el corte, quería hacerle unas preguntas de lo que está pasando en ese lugar en este momento

VECINO, ALDO FLORES: 

Nosotros estamos luchando contra las empresas mineras, ya nos instalaron una de la más grande de Latinoamérica, que se llama La Lumbrera, que realmente nos contaminó todo, en su origen decía que iba a traer prosperidad para nuestro pueblo, y nos están envenenando el agua, ahora hay otro proyecto que se llama Agua Rica en eso estamos nosotros buscando la forma de enfrentar a estos monstruos que se componen de las empresas multinacionales, de la justicia y las instituciones que responden al sistema que está en contra de la vida de nuestro pueblo, ahora estamos en un corte porque quieren activar la explotación de Agua Rica y tenemos muchos problemas con la policía y las patotas que nos mandan pero resistimos hasta ahora.

COMENTARIO: 

Contanos si tienen el apoyo de otro tipo de organización que esté ahí en zona brindándoles logística como para que no se consume este nuevo avasallamiento a un producto tan primario y natural para la vida que es el agua.

VECINO A F: 

Si a nosotros nos conocen a nivel internacional, nos han apoyado muchísimas ONG que están trabajando en contra de la contaminación del medio ambiente , tenemos contacto con todas las Asambleas del País y algunas de Latinoamérica  y contamos con ellas, pero cada uno tiene su limitación, entonces luchan en el lugar donde están ellos, como nosotros lo hacemos acá, sin el respaldo de los que realmente tienen el poder de decisión que serían los políticos que asumen el compromiso de velar por los intereses del pueblo y después apenas ejercen el cargo ya nos venden, así ataditos de pies y manos, manejando todas las instituciones del país a favor del sistema.

PREGUNTA:

¿Hubo algún tipo de pruebas en el agua que están consumiendo en el pueblo, han detectado algún tipo de irregularidad?

VECINO A F: 

Al agua ya la están contaminando, estamos bajo una lluvia ácida permanente desde hace 20 años producto de las explotaciones minera La Lumbrera, ahora se está yendo esa y quieren explotar una que está mucho más cerca de nuestro pueblo, el agua viene en bidones que no se pueden comprar, están consumiendo esa la que está contaminada, y si la explotación minera de Agua Rica se lleva a cabo hay un brazo del río que corre por ahí que lo tomarían ellos para su actividad productiva y nos dejarían sin agua prácticamente al pueblo porque esa hace un equilibrio, una es alcalina y la otra no, no se como es el asunto, destruirían todo el caudal de agua que vendría a nuestro pueblo, que viven 20.000 personas realmente si explotan Agua Rica sería la muerte para nuestro pueblo.

COMENTARIO:

Te invito a dejar algún mensaje a la gente.

VECINO A F:

La lucha nuestra es únicamente con el tema de la minería, eso es lo que está poniendo en peligro la vida de nuestro pueblo, también sabemos de otras luchas como la lucha ambiental en general , como la desforestación, la energía nuclear, los agrotóxicos, todos los padecimientos que tienen otros pueblos, entonces, lo mejor que uno le puede decir a la gente es que el Planeta Tierra está en peligro. 

Todo  nos tenemos que comprometer,  ya basta de estar en la casa esperando que nuestros políticos de turno resuelvan el problema de la humanidad, tenemos que hacernos cargo alguna vez, estamos en peligro, y por lo tanto tenemos que movilizarnos no solamente nosotros como pueblo chico, sino todo el mundo porque estamos en peligro.

ENTREVISTADOR: HORACIO MUÑOZ DE TORO

Programa: 29

Acuerdo de Escazú 

El Acuerdo de Escazú se refiere al «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe».

Para los gobiernos de la región y para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, quien fungirá como Secretaría del Acuerdo, se trata de un «Acuerdo histórico», «innovador», «visionario», «sin precedentes» y «para prevenir conflictos». Un «instrumento jurídico vinculante» y «pionero en materia de protección ambiental», «único en el mundo»; «el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales»; para «lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza»; y sus principales beneficiarios son en particular «los grupos y comunidades más vulnerables».

El Acuerdo manifiesta que entre sus Principios están el de igualdad, de no discriminación, de transparencia, de rendición de cuentas, de no regresión, de progresividad y de buena fe; elprincipio preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional, de máxima publicidad, desoberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, de igualdad soberana de los Estados y el principio pro persona. (Artículo 3)

Es un Acuerdo entre los gobiernos de América Latina y El Caribe cuyo objetivo supuestamente es garantizar «los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible«. (Artículo 1)

En otras palabras, son 5 elementos fundamentales que abarca este Acuerdo. Desglosemos un poco:

1) Los gobiernos de la región caracterizados por la opacidad en la información sobre todo la que protege el lucro, la impunidad y la corrupción de las grandes corporaciones, garantizarán ahora con este Acuerdo que habrá total transparencia y entrega de la información ambiental, la cual no existe, y si existe no tienen los mecanismos ni la voluntad para entregarla, y si los tienen hacen lo imposible por hacerla inaccesible o costosa. Esta información ambiental debería abarcar la «escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales». (Artículo 2)

2) Ante la exclusión de la sociedad en las negociaciones de Tratados del Libre Comercio, leyes, decretos y otros megaproyectos impuestos con fuerza e incluso con violencia, que afectan los derechos humanos y los territorios, ahora, con este Acuerdo, la población participará en la toma de decisiones en materia ambiental.

3) Ante tanta matanza, criminalización, judicialización y feminicidios de defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, además de una tasa de impunidad altísima que vive la región, con este Acuerdo se supone habrá acceso a la justicia.

4) Con las confrontaciones políticas e ideológicas entre los gobiernos de la región, con divisiones y enfrentamientos políticos-territoriales, con estructuras multilaterales regionales en crisis y en decadencia, y con gobiernos endeudados, pese a eso, habrá dinero para fortalecer las capacidades para cumplir con el Acuerdo y cooperarse mutuamente.

5) Con la devastación de los territorios y la violación a los derechos de la naturaleza, con este Acuerdo viviremos en un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible prometido desde hace 30 décadas. Ese momento llegará.

El Acuerdo está lleno de verbos promesa donde cada gobierno «promoverá», «alentará», «contemplará», «adoptará», «garantizará», «velará», «establecerá», «realizará», «incentivará» y además «se compromete».

De otro lado, las promesas que hacen los gobiernos las anulan ya que lograron encapsularlas para tener el control con los siguientes matices que recorren el articulado del Acuerdo: «sobre la base de sus prioridades y necesidades», «de acuerdo con sus capacidades», «de acuerdo con sus posibilidades», «de conformidad con sus prioridades nacionales», «en el marco de sus disposiciones internas», «sobre la base de los marcos normativos internos», «en el marco de su legislación nacional», «en la medida de los recursos disponibles», «en la medida de lo posible» o «cuando proceda». O sea, cuando el gobierno quiera y pueda. No existe una real vinculación que los obligue a cumplir el Acuerdo.

Por ejemplo, para la implementación del Acuerdo, cada Parte (cada País) «de acuerdo con sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales, se compromete a facilitar medios de implementación para las actividades nacionales necesarias para cumplir las obligaciones derivadas del presente Acuerdo» (Artículo 13). Esto significa que deja a la ambigüedad y discrecionalidad de cada gobierno cumplir con la protección de la naturaleza y de las defensoras y defensores del medio ambiente así como el contenido de este Acuerdo «histórico».

Un «compromiso» no es obligatorio ni un instrumento vinculante. Al Acuerdo no parece un Pacto de Estados, sino un pacto de administraciones, donde para su cumplimiento depende de la voluntad política del momento, de su presupuesto anual, de si es prioritario o no durante la administración actual.

Este Acuerdo de Escazú entrará en vigor en enero de 2019 ya que al menos la adhesión de 11 países de la región [1] son los necesarios, y ya han firmado más. Luego se podrán ir adhiriendo los demás países (Articulo 22). Entre los países que ya se han adherido se encuentran los más corruptos, opacos, impunes y/o violentos estados como México, Guatemala, Perú y Brasil.

Aunque no se pueden formular reservas al presente Acuerdo, lo que significa que se tiene que aceptar en su totalidad (Articulo 23), hay otros mecanismos que los gobiernos incorporaron para poder blindarse de su mismo Acuerdo. Y es que cualquier País puede proponer enmiendas y su aprobación debe ser por consenso. De no ser posible, lo hacen más fácil: se somete a votación que requerirá de una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión para ser adoptada (Artículo 20). Además, a los tres años de haberse adherido al Acuerdo, un País puede denunciarlo, o sea, salirse del Acuerdo, lo que se hace efectivo un año después de haberlo hecho (Artículo 24). Así de sencillo: o se le ponen parches, o te sales.

El Acuerdo tendrá su propia Conferencia de las Partes (COP) que se reunirá periódicamente y donde cada País tendrá un voto (Articulo 16). La COP tendrá como objetivo darle seguimiento, recibir y examinar informes, emitir recomendaciones, aprobar enmiendas, entre otras funciones (Artículo 15). Ahora los movimientos sociales tendrán otro escenario que perseguir, otra agenda qué atender, otras campañas más para exigir su cumplimiento ahí donde se reúnan en cada rincón del continente sabiendo que el Acuerdo nació muerto.

Este Acuerdo no define dónde radica su realidad «vinculante» ni dónde o a qué estructura multilateral de carácter regional poder acudir para denunciar su incumplimiento. Ningún mecanismo, ninguna pista. Solo se explicita muy brevemente que las controversias son entre los Países miembros, no entre el Estado y sus gobernados. Y sus controversias pueden ser en torno a la interpretación que haga cada País del Acuerdo o sobre su aplicación. Para ello hay dos formas de solucionarlo. O entre los Países ponen un mecanismo de solución de controversias, o un País acude a la Corte Internacional de Justicia. (Artículo 19)

Hasta este momento, múltiples acciones, foros, declaraciones y compromisos se han llevado a cabo para supuestamente combatir el cambio climático, detener las violaciones a los derechos humanos y colectivos, e intentar unir lo imposible: el supuesto desarrollo con la sustentabilidad del planeta. Y sobre sus saldos o daños colaterales y necesarios para lograr ese desarrollo, como diría el Banco Mundial, bastaría con paliar, mitigar o de plano adaptarse a las consecuencias. De esta forma nos encontramos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, la Declaración de Barbados de 1971 por la liberación del indígena, el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Declaración de Mauricio, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa); el Protocolo de Kioto, los Mecanismos de Desarrollo Limpio, el Acuerdo de París del 2015, la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático que hoy grita por detener el calentamiento en 1.5 grados con extrema urgencia, y su Conferencia de las Partes (COP). También está el Protocolo de San Salvador que incluye el derecho humano al medio ambiente sano, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Declaración de Río, Río +20, la Decisión de Santiago y ahora el Acuerdo de Escazú. Y mientras, el «desarrollo sostenible» se posterga en el discurso y lo que no es alcanzable en el sistema capitalista. Y así, ya llevamos casi 50 años en lo mismo.

Este Acuerdo se firma justo cuando Global Witness confirma que el 60% de los asesinatos de defensoras y defensores del medio ambiente en el mundo ocurren en la región de América Latina y el Caribe. Y a los dos años del asesinato de Berta Cáceres y el de Gustavo Castro en grado de tentativa, por lo que durante la firma los representantes gubernamentales hicieron un minuto de silencio en memoria de la defensora indígena. Sin embargo, en el marco del juicio que debiera finalizar en noviembre de 2018 sobre este asesinato, la impunidad, el ocultamiento de la información, la criminalización y persecución al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) arrecia por parte del gobierno que ha prometido cumplir con este Acuerdo. Los gobiernos de la región no reclamarán al gobierno ilegítimo de Honduras el cumplimiento de este Acuerdo, porque no radica tampoco aquí su realidad «vinculante».Y esto es sólo una muestra de lo que pasa en toda la América Latina.

En 2017, América Latina fue la región con más ambientalistas asesinados. A un total de 116 personas les fueron arrebatada la vida por defender sus territorios, el medio ambiente y luchar contra gobiernos y empresas trasnacionales; por denunciar despojos, corrupción e impunidad. Brasil encabezó la lista seguido de Colombia, México, Perú, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana y Venezuela.

Mientras, en el texto del Acuerdo los gobiernos se limitan a decir en su introducción que «también se incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones.»

Global Witness también denunció en su momento que de 2009 al 2016, habían sido asesinados 123 defensores de la tierra y del medio ambiente en Honduras. Señaló además que la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Parlamento hondureño, Gladys Aurora López, era parte del grupo de magnates y políticos que generan la violencia contra los luchadores ambientales. Y por si fuera poco, que los fondos, fruto del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fueron a parar al Hotel Indura, entre cuyos inversionistas se encuentran el expresidente hondureño Ricardo Maduro, así como Camilo y Pedro Atala cuya familia es señalada de ser los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y quienes son al mismo tiempo dueños del Banco Ficohsa y otros grandes negocios en Honduras.

¿CÓMO Y DE DÓNDE SALIÓ ESTE ACUERDO?

Todo inició en 1992 con la Declaración de Río de Janeiro, Brasil, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y que constó de 27 Principios, entre ellos el Principio 10 que reza así:

«el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes».

Veinte años después, en 2012, cuando la región ya estaba vendida por medio de los Tratados de Libre Comercio esparcidos por todos los países con inversiones extractivas a toda marcha, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). Se continuó insistiendo en la problemática ambiental que acarrea este desarrollo que no se sostiene y que más bien empeora las cosas. No hubo mayores avances y los gobiernos y las empresas siguieron preguntándose por qué se agudizaba el Cambio Climático. Mientras, el resto se percata cómo este desarrollo de unos cuantos es insostenible para la mayoría de los pueblos y para la naturaleza. Los megaproyectos mineros, de represas, fracking, monocultivos, oleoductos, gasoductos, grandes carreteras, puertos, aeropuertos, regasificadoras, inversiones turísticas de élite en las costas, entre otros, ya estaban cimentados en toda la región con consecuencias socio ambientales de gran magnitud.

Veintidós años después, en noviembre de 2014, los países aprobaron la Decisión de Santiago que puso las bases para iniciar la negociación de un instrumento regional que por fin implementara el famoso Principio 10 acordado más de veinte años atrás. Como siempre, ya muy tarde.

Y ventiseis años después de la Declaración de Río, el 4 de marzo de 2018, en la ciudad de Escazú, Costa Rica, se logró al fin el texto definitivo de este Acuerdo que, a partir del 27 de septiembre de 2018, abre las posibilidades para que los gobiernos lo firmen en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. [2] Y todo inspirado en un horizonte que una y otra vez se alarga en el tiempo: «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». El horizonte que los gobiernos se trazaron para «no dejar a nadie atrás». Y al final, al acercarse esta fecha, nuevamente podremos escuchar que se imposible y que es necesario ver el «desarrollo sostenible» para el 2050.¿Cuándo entenderemos que ese «desarrollo sostenible» no es real, no existe?

UN ACUERDO PARA MAREAR LA PERDIZ

La región vive una crisis aguda muy profunda. Los Tratados de Libre Comercio se profundizan y se establecen mecanismos para garantizar los intereses de las grandes corporaciones y sus inversiones, entre ellos el condicionante de flexibilizar los estándares ambientales para poder invertir.

La información es poder, y es algo que no se les entregará a los movimientos sociales que defienden el medio ambiente y que pueden bloquear las inversiones multimillonarias como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. La información hay que arrancarla, rastrearla, pagarla, y muchas veces cuesta la vida tan solo buscarla. La opacidad de la información en el juicio de la ambientalista Berta Cáceres en Honduras en una muestra de ello.

Los Países de la región se caracterizan por una impunidad y corrupción sin precedentes. Pero donde hay un corrupto, hay un corruptor. Las grandes corporaciones trasnacionales de la región como de otros continentes se disputan contratos, concesiones, territorios, créditos blandos, maximización de ganancias así como el control de rutas comerciales y bienes comunes naturales, culturales y todo aquello que logran incorporar a la lógica del mercado.

La violencia se desata en México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Perú o Brasil. Los gobiernos se tambalean en Nicaragua, Guatemala, Brasil o Venezuela. Las órdenes de aprehensión contra lideresas y líderes medioambientales se suscitan en casi todos los rincones persiguiendo la lucha por la defensa de los ríos, del agua, de la alimentación o de los bosques. En Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala, se persiguen a los expresidentes; en otros países aumentan los migrantes como en Nicaragua, El Salvador, Honduras, México o Venezuela. En la mayoría la falta de inversiones en educación y salud genera grandes desigualdades y pobreza. Pese a todo ello, los gobiernos dicen que este Acuerdo «tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.»

Si «la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas son también cruciales para el desarrollo sostenible», como reza la introducción del Acuerdo, es de lo que adolecen las instituciones púbicas de la región. Además, sus actuales gobiernos consideran que con este Acuerdo se camina hacia la «eliminación de la violencia y el racismo», con un compromiso de «lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones -económica, social y ambiental- de forma equilibrada e integrada». Y «al adherirse a este tratado histórico, además de continuar fortaleciendo la democracia ambiental...»

Habrá quienes digan que el Acuerdo es una gran oportunidad, que hay que agotar todas las instancias y usarlas; y otros dirán que más bien los que se agotan antes de perder la vida son los movimiento sociales con tanto instrumento que no ven avances, y que solo sirven para marear al perdiz.

Notas:

[1] 1 De los 33 países de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

[2] Para la información actualizada del acuerdo y sus actividades, véase https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

[3] «Marear la perdiz» significa hacer perder intencionadamente el tiempo en rodeos, circunloquios o dilaciones que retrasen u obstaculicen la resolución de un problema, como mera táctica dilatoria. La expresión es cinegética. Cuando se cazaban perdices, frecuentemente se las «marea». 

FUENTE:

https://desinformemonos.org/que-es-el-acuerdo-de-escazu/