PRORROGA DE LEY 26.160

Resumen del reportaje a Claudia Gotta, Secretaria Nacional de Pueblos Originarios dentro de la Asamblea permanente por los Derechos Humanos 

PRESENTACIÓN:

Hoy tenemos a alguien que siempre está presente en nuestro programa y que es Claudia Gotta, con quien quiero hablar para que nos cuente un poco la historia de la ley 26.160 que en este momento, están tratando de obtener a nivel legislativo una prórroga porque se vence su plazo de duración.

C G:

Si, este es un tema para los que estamos comprometidos y acompañamos la lucha de las naciones pueblos indígenas u originarios, centrar esta situación que vence el 23 de noviembre. Es importante darla a conocer como vos decías porque hay una historia. 

Esta ley nacional fue sancionada a fines del 2006 por plazo que tenía la vigencia de 4 años que era una respuesta a una demanda de la situación de emergencia territorial que estaban atravesando desde hace mucho tiempo y que continúan, las comunidades indígenas de todos los territorios en nuestro país y de algún modo, daba respuesta a lo que ya se había estipulado en la reforma constitucional del año 24 en ese art.75 inc. 17 y particularmente también, una forma de dar respuesta a lo que se había firmado, lo que se había convenido valga la redundancia, a partir del convenio 169 de la OIT en el art.14.

Vean lo que es la situación, esto que era una ley de emergencia, de orden público  que había que pensar esta emergencia como una ley de excepción, tiene ya 15 años y atravesó ya tres prórrogas, en el 2009/2013/2017.

Nosotros tenemos hoy la necesidad de garantizar una nueva prórroga ahora a fines de noviembre de este año, pero en realidad venimos reclamando que esta ley sea de permanencia porque ya no puede ser de emergencia y prorrogable porque la situación no ha cambiado, es más, se ha agravado.

Consideramos que es central que la audiencia, que la opinión publica conozca la dimensión de esta ley que además de ser de emergencia en que se convenía, que en cuatro años se debía dar solución a esto y en cierta medida ordenaba al INAI, a hacer este relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades en esos territorios que estaban ocupando desde tiempos ancestrales y en forma tradicional, pero además, también garantizaba la suspensión de toda situación de desalojo o de intento de desalojar esas tierras por algún intento judicial.

Entonces, esta cuestión tiene 15 años, los relevamientos no se han efectivizado en todas las provincias, hay un importante número de comunidades relevadas con personería jurídica y carpeta técnica pero de modo alguno esta un porcentaje garantizado en provincias en donde esta ley no ha sido efectivizada.

Reitero, esto es importantísimo que se conozca, porque esa ley de emergencia y de orden público, de carácter transitorio en esa condición  tiene 15 años en los cuales se ha prorrogado 3 veces y que ahora, estamos con una situación pendiente en la cámara de diputados tras la media sanción obtenida en senadores anoche -29/10-

J A R:

Claudia, el tema que a mí se me viene a la cabeza, es que no se puede vivir en situaciones de leyes de emergencia que se van prorrogando In Eternum. ¿Cuál es la razón para que no se haya presentado un proyecto de ley definitiva que de una resolución total para este problema que viene arrastrándose de siglos en realidad, pero que está tomando su pico más álgido en este momento? ¿Hay algún proyecto de ley, alguna propuesta para encontrar una legislación definitiva a esta situación?

C G:

Nosotros hemos pedido, solicitado que esta ley tenga carácter permanente, pero como respuesta a lo que vos me planteas, yo podría volver a una situación que tiene varias aristas. Por un lado, los proyectos de propiedad comunitaria indígena que perdieron estado parlamentario uno tras otro, porque nunca fueron tratados ni asignado a comisiones para su tratamiento, ni eso, ni debate, ni mucho menos someterlo a votación alguna. Fueron cayendo uno tras otro más allá, que había alguno más potables que otros.

Respondiendo a lo que me preguntas, las razones son obvias, son las complicidades y los negocios espurios que muchísimos de nuestros integrantes, referentes, representantes en las distintas instancias gubernamentales tienen con las corporaciones extractivistas que vienen por estos territorios.

Te podría decir que más allá de las 3 prorrogas que esta ley fue obteniendo, fue vaciada de presupuesto para que en realidad la aplicabilidad de la misma no se garantizara. Se fue vaciando de presupuesto para que esto finalmente no pudiera garantizar el relevamiento efectivo, porque esto implica muchísimo dinero, ir a los territorios, movilizar a las comunidades para que pudieran presentar títulos, algunos litigios pendientes, etc., etc...

Cuando salió en el 2006 y creo que en la primera prorroga tenía presupuesto pero después, siguió siendo vaciada y ya cuando en 2017 en pleno macrismo tuvimos una gran disputa para poder garantizar, movilizamos muchísimos mail, marchas, acampes para lograr esa prorroga porque en realidad la OC , Organización de Cooperación de Desarrollo Económico- a la que Macri - digamos - afanosamente deseaba entrar, ponía como condición sine qua non que esta ley no se aprobase, porque esta organización internacional de Cooperación y Desarrollo que tan lindo suena, no es más que una falacia, por venir por todos nuestros territorios cuya biodiversidad esta preservada por las comunidades de los pueblos naciones originarias que son los verdaderos defensores del ambiente.

Entonces en realidad fue una prórroga que no pudo dar lugar a la continuidad de la aplicabilidad y el INAI era prácticamente  un espacio de inacción total. Ahora en este contexto lo que nos preocupa, es que hasta que ayer no se vieron senadores el primer tratamiento y primera obtención de media sanción, nadie hablaba de esta ley y, todo el mundo estaba hablando de este nuevo enemigo interno que es el pueblo nación mapuche por ejemplo que no es casual, porque este pueblo habita provincias donde la ley nunca ha podido entrar siquiera, porque acá, hay que abrir un juego a varias responsabilidades en las instancias gubernamentales más allá, de los gobiernos nacionales que poco hacen o nada, como por ejemplo, con lo que planteé sobre "Cambiemos" pero en este contexto, tampoco esto ha tenido una actitud distinta si lo escuchas por ej. a Berni, tiene un discurso siniestro frente a esta realidad, pero también está la responsabilidad de los gobiernos provinciales que como están en contubernio -estoy hablando de Río Negro, Chubut- con los grandes mega emprendimientos extractivistas nunca dejaron entrar esta ley.

¿Qué pasa entonces? Se terminan cayendo en todas estas situaciones irregulares, ilegales, ilegitimas, porque además, siempre hay que diferenciar lo LEGAL de lo LEGITIMO en manos de los poderes judiciales de turno que además, son el residuo más claro del colonialismo de nuestro país.

Si a esto le sumamos los medios de comunicación hegemónicos con figuras siniestras como Lanata con todo ese discurso racista, criminalizador que habla del terrorismo mapuche cuando en realidad, nosotros deberíamos hablar de distintas maneras de terrorismo de estado que criminaliza y envía fuerzas federales como lo han hecho en diversas situaciones que terminaron con las muertes o los asesinatos, mejor dicho, de gendarmería de Santiago Maldonado y de parte de prefectura para el caso de Rafael Nahuel.

Parece ser que están buscando otro muerto en este escenario de una nueva creación de enemigo interno, porque de algún modo solapan en esa provincia pero también, a través de figuras como a las que antes hice referencia por un medio hegemónico de alcance nacional que de esta ley no se hable, porque no hubo ningún programa de ningún medio hegemónico que saliera hablar de esta situación que es álgida, y que es realmente el único antemural al saqueo que nunca dejo de llegar a las territorialidades indígenas en estos 530 años.

J A R:

Claudia, a mí se me presentan dos problemas, ¿Cómo puede ser que una ley nacional de orden público pueda no ser aceptada o puesta en ejercicio en alguna provincia?

C G:

Bueno, ahí aparece esa ridiculez de la excusa de que somos un país federal, entonces cuando hay esos socios ocultos que a veces son del mismo partido o negocio, la gran excusa que aparece de parte de algunos funcionarios nacionales es que se debe respetar la autonomía de las provincias. Esto también es una trampa de la última reforma constitucional porque todas las cuestiones ambientales se dejan en la jurisdicción provincial cuando nosotros bien sabemos, que los grandes problemas son interprovinciales e internacionales, porque las cuencas de los ríos, las cordilleras no son de una provincia, - ¡nos hemos comido tantos sapos!- y nos siguen vendiendo verdura con esto de respetar las jurisdicciones, y en realidad te digo, lo que realmente se fortalece es el poder judicial que es ese "partido judicial" que tenemos con figuras tan nefastas terminan siempre criminalizando, estigmatizando y justificando prisiones y asesinatos como los casos que te conté tan cercanos.

J A R:

La otra cosa que te decía, la materialización de la norma, porque si la norma jurídica se prorroga y vos me decís que esta vaciada de presupuesto, ¿Cómo se hace para poner en funcionamiento?

C G:

Muy bien la pregunta, porque la votación de ayer incluye nuevamente un presupuesto que está determinado de $190.000.000 de arranque y nuevamente la responsabilidad anclada en el INAI, por lo menos, ahora aparece el presupuesto y esta votado en la media sanción el mismo. 

Esto es importante porque además esta ley cuando se declaró, - corre de algún modo - toda posibilidad de que haya un acuerdo entre partes que permite que la ley no se aplique, - digamos -, si hubiese un jefe de alguna comunidad que negociara con algún particular que pretende estas tierras y comprara su voluntad de alguna manera, esto no sería efectivo. Esto es muy importante que la gente lo conozca.

En las comunidades que ocupan ancestral, de modo tradicional, que de conocimiento publico, porque los terceros que habitan estos territorios saben que estas comunidades están aquí desde siempre y como es con nombre y apellido, como es el caso de Isabel Catriman, que estamos pidiendo su absolución frente a los intereses de Samamé que es hijo de un procurador y denunciado por la sociedad rural provincial sobre los territorios.

Entonces, el presupuesto aprobado y la buena voluntad de los que integran el INAI tanto de funcionarios como de representantes de las comunidades que integran el INAI, hoy el vicepresidente del INAI es un mapuche, es un avance porque siempre fue gobernado por criollos, es decir, no indígenas. Hoy su presidenta es Magdalena Odarda y Luis Pilquiman que es del pueblo mapuche como su vicepresidente. En cada provincia hay 5 o 6 delegados reconocidos por el INAI si bien hay algunas cuestiones pendientes con esta entidad que aún no reconoce algunas organizaciones indígenas.

También debemos decirle a la audiencia para  no hacer un panorama que puede ser equivoco, en algunos pueblos hay tensiones y conflictos en diversas organizaciones aun dentro del pueblo nación, hay distintos posicionamientos, pero acá estamos hablando de un derecho básico que es el derecho al territorio, que garantiza todos los otros derechos, el derecho a la identidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, todo comunitario e intercultural.

Si no hay territorio, sino se garantiza los derechos de la madre tierra como dicen, "proyecto de propiedad comunitaria indígena" que elevo la organización de pueblos indígena del noroeste del pueblo argentino PINOA, no habrá posibilidad de garantizar los otros derechos para los mismos pueblos.

El panorama es complejo, es confuso y en este momento estamos en el contexto de una contienda electoral próxima, casi 10 días antes de que venza la prórroga. Hay muchas negociaciones que desconocemos pero que seguramente se están dando, porque en eso mucho de nuestros referentes -NO MIO, porque no tengo ninguno, quiero que la audiencia lo sepa- están negociando su continuidad en la arena política.

J A R:

El otro aspecto, vemos que en este momento el senado aprobó prácticamente en forma unánime la prorroga de la ley, ahora, ¿Qué perspectivas hay con respecto a la Cámara de Diputados?

C G:

La perspectiva es totalmente diferente, consideramos que en diputados va a ser difícil o por lo menos, van a darse una serie de debates y de presiones necesarias -como la que están realizando los pueblos en el acampe central del Congreso- que no se van a ir hasta que la ley se apruebe.

En diputados la representación de provincias opositoras a la ley, no al gobierno, esta, no es una manifiesta voluntad política de este gobierno, sino un derecho que se garantizo con la lucha de los pueblos indígenas y que es la misma lucha, la que fue obteniendo la prórroga. Esto es algo que quiero que quede claro porque no es algo que el gobierno quiera aprobar y ni es la oposición que no lo quiere, no, tenemos discursos y posiciones totalmente opositoras y nefastas frente a los derechos de los pueblos dentro del propio gobierno.

Yo el otro día dije frente a otro medio radial que ningún gobierno hizo lo necesario para garantizar los derechos de los pueblos.

Entonces, el debate en diputados va a ser mucho más complejo porque ustedes saben que hay una mayor cantidad de representantes en esa cámara y hay una fuerte representación de provincias en donde los intereses son manifiestos, no solamente en el sur sino también, en provincias del norte, en provincias cuyanas y las que nombre en el sur entre otras, los representantes no van a dar fácilmente ni siquiera el cuorum.

J A R:

Creo que la explicación esta bastante completa y de alguna manera vemos claramente que hay una especie de corte transversal donde posiciones antagónicas pero, que toman a ambas posiciones políticas porque lo que esta en juego, evidentemente esta mas vinculado a los intereses de las compañías extractivas, a las compañías inmobiliarias, al saqueo que se pretende hacer de lo que son, los territorios y la cultura de nuestros pueblos originarios.

C G:

Así es Juan, y quiero agregar algo más, cuando decimos derecho a garantizar relevamiento técnico, jurídico y catastral de todas las comunidades, en todos los territorios hasta el día de hoy, actualmente, ocupan de forma tradicional y publica. Lo público lo explique, esto de que sea reconocida por terceros; y la cuestión tradicional, es importante, porque no es que haya continuidad desde tiempos ancestrales, en muchos casos ellos fueron expulsados de sus tierras pero si las están reclamando, y en muchos casos las recuperaron y las ocupan, pero todavía no tienen los títulos.

Hay que tener en claro, y esto quiero que lo entienda la audiencia, que esta idea de lo tradicional refiere a que en esas territorialidades, pueden reconocerse sin los materiales simbólicos que dan cuenta de que en esos territorios hay presencia cultural de las cosmovisiones de los pueblos, o sea, hay sitios sagrados, hay cementerios, hay registros arqueológicos de una prolongada y luego interrumpida habitabilidad. Esto es importante, porque no es que tienen que estar todavía hoy en manos de los pueblos, porque en muchos casos ellos fueron expulsados y lo siguen siendo.

Esto lo quiero marcar porque la cuestión no es ideológica, es económica y de negocios. Nosotros tenemos esta nación que se pensó desde un lugar eurocéntrico, etnocéntrico, esta nación "deseada" blanca, monocultural monolingüe que nunca contemplo la existencia de las otras naciones sin estados dentro de sus territorios.

Hoy pedimos reconocimiento, garantizar el derecho a la territorialidad para que todos los otros derechos que han sido reconocidos en la ultima reforma de la constitución, y en todos los pactos y convenios internacionales que ha firmado nuestro país en diferentes momentos de la historia sea verdaderamente garantizado, y efectivizado porque leyes nos sobran, muchas son buenísimas pero no hay efectividad y esto tiene que ver, con los grandes y pingues negocios que la sociedad mas conspicua en las provincias, estas conocidas en la sociedad rural, los miembros de las familias patricias de los apellidos mas selectos que siguen haciendo a partir del saqueo de las territorialidades indígenas. Esto es lo que tenemos que tener en claro.

J A R:

Estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís porque yo creo que en el marco de este capitalismo descarnado con el que estamos viviendo, todo lo que sea cultura, todo lo que sea tradición, todo lo que sea cosmovisión, todo lo que tenga que ver con el espíritu y con el desarrollo de las cuestiones esenciales de los pueblos es pisoteado, se lo pasa por encima con tal de obtener renta, negocio y especulación.

ENTREVISTADOR: JUAN ALBERTO RAMBALDO

Programa N° 60

Denuncian que en Chubut empresarios llevan a juicio a una familia mapuche tehuelche para quedarse con sus tierras. La resistencia detrás de la histórica lucha por la tierra en la Patagonia argentina. 

Hace más de veinte años que Isabel Catriman vive con su familia en la zona de Laguna Larga, lindera al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, Patagonia Argentina. A sus casi 80 años, empresarios quieren echarla de su casa y llevan adelante la judicialización de su familia. Su hija, Gloria Colihueque y su primo Gregorio Cayulef, enfrentan desde este martes 26 de octubre un juicio penal por supuesta "amenaza agravada por el uso de arma" en lo que su abogada defensora interpreta como una «legítima defensa». Isabel lo sabe. No es fácil, menos aún, si quienes enarbolan la lucha son mujeres indígenas.

A Gloria y a Gregorio, quienes conforman hoy la única familia de Isabel y a la que ayudan con las tareas del campo, se les acusa de amenazar con un arma de fuego a los empresarios Alejandro Samame y Nahuel Serra, quienes se adjudican la propiedad del territorio en el que habita hace más de dos décadas la comunidad indígena «Lof Catriman Colihueque». Así figura inscripta la familia de Isabel en el registro provincial de comunidades y ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a partir del relevamiento dispuesto por la Ley 26160 de Emergencia Territorial indígena.

Las tierras en disputa son aproximadamente 844 hectáreas hoy "fiscales" (propiedad del Estado provincial) linderas al Parque Nacional Los Alerces y cercanas a las lagunas Larga y Martillo. En el 2000 Isabel Catriman se asentó en la zona de «El Martillo» junto a su hijo mayor, Hipólito (quien falleció dentro del campo en 2013) y sus animales. Lo hizo a partir de un acuerdo de palabra con Lucio Freeman, quien mantenía un permiso precario de ocupación sobre esas tierras. Según un informe antropológico realizado por el grupo GEMAS (Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinada), y el propio relato de Isabel, Lucio y ella mantenían una gran amistad que duró hasta la muerte de Lucio, en 2016. Habían establecido que ella se quedaría allí a vivir con su hijo, ya que él no tenía intención de vivir en ese lugar.

¿Por qué se consideran «dueños» de esas tierras?

En febrero de 2020, Luciano Freeman, hijo de Lucio Freeman, se presentó con un escribano en la casa de Isabel para informarle que "había posibles compradores del lugar" y que deberían irse. Alejandro Samame y Nahuel Serra son quienes adquieren los derechos de posesión de Luciano Freeman, a través de la resolución N° 03/2020 del Instituto Autárquico de Colonización (IAC).

«El IAC debería haber realizado inspecciones y constatado la presencia de Isabel en el campo. Allí falleció su hijo, y ella continuó ahí, con su primo Gregorio y su hija Gloria, quienes ahora son llevados a juicio», dice a Presentes la abogada defensora de la familia, Sonia Ivanoff , especializada en derecho indígena. «La ley de tierras fiscales en Chubut es bien clara. Previo a cualquier concesión de tierras fiscales donde una de las partes pertenezca por familia o comunidad a un pueblo aborigen, debe pasar por el dictamen de la Comisión de Tierras Indígenas. Pero la comisión no está creada en la provincia de Chubut por la falta de consulta y participación indígena. Por lo que aquí hay una sucesión muy grave de ilegalidades e incumplimientos en relación a sus derechos.»

Qué se debate en el juicio

El 20 de abril de 2020, Samame y Serra entraron al campo en dos camionetas con al menos 6 personas más y "ahí es donde se produce la defensa del territorio» relata Ivanoff. En aquella ocasión, los vehículos en que venían se encontraron enfrentados, en un camino angosto, con una camioneta que hacía un «flete» (traslado) en la que venían Gloria y el conductor. "Allí se produjo una discusión que derivó en denuncias cruzadas" cuenta la abogada defensora. Las denuncias de Gloria, sin embargo, no fueron escuchadas por la justicia. Pero sí las realizadas por los empresarios, quienes rápidamente recibieron el apoyo del sistema judicial para seguir su curso legal que enmarca este juicio.

"Amenaza agravada por el uso de arma de fuego" es la acusación principal. Sin embargo, «nunca se encontró el arma a pesar de que el mismo día se realizó el primer allanamiento. En sus declaraciones ante la justicia, Gloria afirma que nunca tuvo un arma en su poder y Gregorio asegura no haber estado nunca en la escena. A su vez, ninguno de los hombres de Samame y Serra pudieron probar heridas, rasguños u otro tipo de daño", aclara la Dra Ivanoff.

El juicio contra Gloria y Gregorio se realiza a partir de hoy 26 de octubre y hasta el 2 de noviembre. El tribunal judicial provincial estará representado por la jueza Alicia Fernanda Revori y quien lleva la acusación es la fiscalía Maria Bottini. La fiscalía es conocida en la zona por su participación en diversos conflictos territoriales con un sesgo antimapuche. Años atrás fue denunciada ¡por la defensoría pública en una causa por espionaje ilegal a miembros de las comunidades y militantes del «No a la mina» Esquel.

Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, exigen la absolución y plantean que se trata de una causa armada. «Estas dos mujeres (en referencia a Gloria y a su madre) de manera tenaz deciden defender la tierra, resguardando el bosque. Como no han podido desalojarlas, están inventando causas judiciales al llegar al delirio de acusar a Gloria Colihueque Catriman de amenaza agravada por el uso de arma», expresaron a través de un comunicado donde llamaron a acompañar las audiencias en los tribunales de Esquel, tal como hicieron hoy al iniciarse el proceso.

¿Quienes son estos empresarios?

Nahuel Serra es socio principal de una empresa distribuidora y mayorista (SERRA SRL) y Alejandro Samame es miembro directivo (vicepresidente) de la Sociedad Rural de Esquel. Su familia tiene estrechos vínculos con la justicia de Chubut: su padre, Eduardo Samame fue procurador general de la ciudad de Esquel.

Según consta en el Boletín Oficial de la provincia de Chubut del 20 de mayo de 2019, Serra y Samame, conformaron la empresa Los Tercos SRL en abril del 2019 con una habilitación para la explotación agrícola ganadera, forestal y minera en todas sus etapas por un lapso de 99 años.

«Estos hombres que se sienten expuestos y debilitados por la fuerza categórica de estas mujeres mapuche, decididas a defender la vida y el territorio, se sienten amenazados en sus privilegios y en su accionar terricida. No actúan solos, todo el aparato judicial está de su parte, es por ello que tememos que una gran injusticia sea la respuesta del Estado ante tanta valentía y dignidad de nuestras hermanas», expresaron las mujeres de esa organización», dijeron desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

El martes 5 de mayo de 2020, los «nuevos dueños» desembarcaron en la casa de Isabel. Alejandro Samame y Nahuel Serra junto a varios empleados llegaron hasta el territorio donde habita la anciana mapuche Isabel Catriman. «Rompieron el candado de la tranquera, dirigiéndose hacia ella y su grupo familiar, amenazándola con que la matarían y la iban a correr del territorio o iba a terminar muerta. Dejaron allí apostados a cuatro hombres, a veinte metros de la vivienda, aislándola de sus contactos y familiares, quienes la ayudan al traslado al puesto sanitario "Los Alerces" para llevar a cabo los controles diarios de presión arterial, por ser paciente de alto riesgo, padecer hipertensión y una cardiopatía» describía la abogada Sonia Ivanoff en un pedido de medida cautelar presentado ante la justicia provincial a raíz de estos hechos.

Mujer, anciana, pobre y mapuche

Isabel se sienta a hilar la lana de sus ovejas. Sus manos curtidas y laboriosas saben el oficio que le enseñó su madre y su abuela, tanto como que resistir los abusos y despojos es parte de la historia de su familia. De todos los pueblos indígenas preexistentes a este Estado.

A los casi 80 años, Isabel resiste, junto con su familia, la defensa de sus derechos y del territorio. Ser una mujer, anciana, pobre y mapuche, equivale a una posición de desigualdad estructural. Permite al hombre blanco no indigena y con dinero, impunidades y privilegios. Esto ocurre «cada vez que ingresan a su territorio (incluso a su casa) con prepotencia, todas las noches que alumbran su casa con reflectores, cuando largan los perros, al espiar sus movimientos, al intervenir y transformar su territorio, al clausurar los caminos con candados, al mentir cuando hacen las denuncias, al impedir que su hija la visite, entre otras situaciones", describen en un informe realizado por el Grupo GEMAS. Se trata de un equipo académico interdisciplinario de investigación antropológica y etnográfica. A través de ensayos e informes rescata historias y conflictos de las comunidades indígenas de la Patagonia.

"Lo último que hicieron estos empresarios fue cerrarnos el acceso a la tranquera del vecino lindante por el que podíamos ingresar sin 4 x 4. Vinieron con una máquina y la taparon con tierra. Ahora tienen a dos peones que llevan gente al lugar, se ponen a tomar alcohol y tiran tiros al aire cerca de la casa de mi mamá", nos cuenta Gloria Colihueque, hija de Isabel. "A pesar de todo lo que estamos pasando mi mamá está bien. Mi tío le hace compañía y también hay lamien (hermanxs) de otras comunidades que se acercan a acompañar".

Desalojos: la historia sinfín

Isabel recuerda la historia familiar de desalojos y desplazamientos forzados que padecieron las distintas generaciones de su familia y comunidad. Su abuela paterna, por nombrar un caso emblemático, fue una de las tantas víctimas que sufrió el violento "desalojo de Boquete Nahuelpan" en 1937. Ese año, el Estado argentino desconoció por decreto la posesión de la comunidad, reconocida formalmente a principios de 1900 y desalojó violentamente a cientos de personas, familias con sus niñxs y mayores, descendientes del cacique Nahuelpan. Les quemaron sus casas y pertenencias, les soltaron los animales. Cada familia tuvo que salir con lo puesto en búsqueda de un nuevo lugar donde vivir. Este despojo implicó el desplazamiento forzoso de las comunidades hacia distintos parajes cerca y no tan cerca, donde aún hoy se entrecruzan las "historias tristes".

"Entre esas familias desalojadas en el 37´ estaba la abuela paterna de Isabel, Mercedes Colipan. El desalojo del 37′ de Nahuelpan fue una diáspora familiar. Parte de esta verdad histórica a medias que se cuenta y que se quiere invisibilizar forma parte de esas historias del despoblamiento del territorio y de reservas de indios de fines del siglo XIX principios del siglo XX. En ese recorrido es que Isabel y su hijo Hipólito llegan a la zona de la laguna El Martillo con sus animales», rememora la abogada de la comunidad.

Fuente:

https://agenciapresentes.org/2021/10/26/llevan-a-juicio-a-familia-mapuche-tehuelche-defensoras-denuncian-causa-armada/

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