PROMOVIENDO BIENESTAR

Por Estela Casado y Mirtha Susana Rodriguez

Continuando con la temática del agua -que la valoramos más cuando nos falta-, hoy vamos a hablar sobre otra concentración de este recurso natural por excelencia.

A medio camino entre la tierra y el agua, los HUMEDALES Y PANTANOS de agua dulce son uno de los ECOSISTEMAS más productivos de la tierra, comparables incluso a las selvas tropicales.

Estos espacios están repletos de caza, y pesca, los peces desovan en las aguas superficiales, abundan las ranas y las salamandras. Las aves acuáticas anidan y son protegidas por la densa vegetación y las aves migratorias hacen escala para proseguir viaje.

Todas las hojas y rizomas cuando las plantas mueren regresan a contribuir con la riqueza del suelo, lo que no se ha comido, se descompone en las aguas anaeróbicas formando la turba rica en nutrientes que posee la capacidad de retención de agua de una esponja, lo que la hace ideal para el cultivo a gran escala.

Tachados de "tierras baldías" los pantanos empezaron a drenarse para la industria agrícola.

Las llamadas granjas de "lodo" levantaron la tierra negra de los humedales desecados y los terrenos que un día fueron hábitat de una biodiversidad inigualable sirven ahora para cultivar un único producto.

Desgraciadamente la explotación de tierras tan productivas ha provocado la desaparición del 90% de los humedales y de los pueblos nativos que dependían de ellos.

Hubo una época en que los humedales y pantanos tenían mala reputación, se los relacionaba con bestias viscosas, enfermedades, pestilencias y toda clase de contrariedades hasta que se comprendió lo importantes que eran.

La Convención Ramsar sobre humedales, de Importancia Internacional fue adoptada en 1971 y tiene por objetivo promover acciones nacionales y la cooperación de naciones para la conservación, el uso racional y sus recursos, a su vez, elabora la "Lista de Humedales Internacionales" que incluye sitios cuya relevancia hace que sean considerados por la comunidad internacional como dignos de ser preservados, mediante un uso sustentable que no modifique sus características hidrológicas, biológicas y ecológicas.

De acuerdo con lo señalado por la misma, los humedales representan el 7% de la superficie de la tierra y se encuentran entre los ecosistemas más valiosos, no sólo en términos socio-económicos productivos, sino también ambientales, dada la importancia en la provisión de servicios ecosistémicos y biodiversidad.

Los humedales en todo el planeta se encuentran expuestos a presiones que están causando su desaparición y degradación, como cambios en el uso del suelo por actividades agropecuarias, obras de infraestructura inadecuadas, avance indiscriminado del desarrollo inmobiliario, incendios y actividad minera desreguladas. Nuestro país con casi 1/5 de su territorio cubierto por ecosistemas de humedal no es excepción a ese fenómeno.

Si bien existe un marco normativo e institucional nacional y gestión a nivel local, hay un déficit en la implementación de un marco regulatorio al no existir un entendimiento común a nivel nacional sobre el abordaje que debe hacerse de estos ecosistemas. Este escenario da cuenta de la necesidad de la sanción de una Ley de Humedales, el desafío no es sólo este, sino sancionar una Ley cuya implementación afectivamente asegure la preservación de los servicios ecosistémicos y atienda también la dimensión humana de los territorios.

A partir de imágenes satelitales e información relevada de campo, un equipo de investigación del INTA identifica y estima la distribución y superficie de los humedales en todo el país. De acuerdo al informe que data del 22-9-2022 la superficie en la Argentina de humedales alcanza a 277.000 km2, (el 9,5 de la superficie del País).

El mayor humedal se encuentra en Los Esteros del Iberá, en Corrientes. Albergan a más de 400 especies de plantas y animales. En el corazón de la provincia de Corrientes se encuentra el segundo humedal más grande del planeta y la reserva de agua más importante de todo el país solo superado en extensión por el Pantanal (brasileño, boliviano y paraguayo).

"La extensión de los humedales en Argentina y la variedad de actividades productivas que allí se emplazan -agropecuarias, forestales, mineras e inmobiliarias- condicionan el avance de la norma por la multiplicidad de actores involucrados e intereses en pugna".

Alrededor del 40% de la producción bovina se realiza en zona de o con humedales: 

• Corrientes esta cifra asciende al 60%

• Chaco, Formosa y Santa Fe entre el 40% y el 60%

• Chubut el 40% de la producción ovina y el 70% de la bovina concentrada básicamente en los "mallines". 

• Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Río Negro en el 80% en los oasis y valles irrigados

Hubo 3 intentos de sanción de esta ley: 2013, 2015 y 2020; cada uno de ellos con numerosos proyectos elaborados, desde diferentes fuerzas políticas y provincias, lo que da cuenta de la discusión a nivel político-partidario y territorial.

Los proyectos avanzaron al compás de los fenómenos críticos que iban ocurriendo: incendios o inundaciones. Pero orientados por búsqueda política de una solución inmediata a la urgencia, lo que dificultó un sostenimiento en la agenda pública de forma autónoma, más allá del impulso de organizaciones ambientalistas y en los 3 casos los proyectos perdieron estado parlamentario.

Los principales puntos de tensión:

El primero sería: definición de humedal, que determina el ámbito de aplicación de la norma en términos territoriales, de sujetos y de actividades alcanzadas. Según la definición que se utilice en Argentina la cantidad de territorio afectado por la Ley varía entre 336.000 km2 y 600.000 km2 es decir entre un 12% y un 21,5%.

Tras debates técnicos, académicos y políticos en septiembre de 2016 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó el taller "hacia un Inventario Nacional de Humedales", dónde 78 representantes de diferentes disciplinas arribaron a esta definición de humedal: 

Con relación al Inventario Nacional de Humedales el debate reside en si debe ser un dato previo o no del diseño de la Ley y en caso de serlo en que marco temporal se desarrollará.

Representantes de sectores productivos agropecuarios y forestales expresan que la identificación previa de las zonas de humedal debe ser el punto de partida para avanzar en proyecto de Ley y adicionalmente existe otra discusión en paralelo sobre cuál debería ser la autoridad a cargo del proceso del inventario: las autoridades provinciales por su mayor conocimiento del territorio o las nacionales por contar con mayores recursos y capacidades de articulación.

El otro punto a considerar es la semaforización por áreas, en esta discusión los sectores productivos resaltan la importancia de delimitación por áreas, en tanto ésta genera previsibilidad sobre qué se puede y qué no hacer en cada uno de los territorios. En contraposición, organizaciones civiles manifiestan que se debe sostener el dinamismo de los humedales, su interjurisdiccionalidad y la variabilidad del agua en estos sistemas.

Proponen en cambio como objetivo la realización del inventario y la caracterización de los mismos, para definir mediante una evaluación de impacto ambiental, el grado de intervención tolerable en cada ecosistema. Esta alternativa pretende reconocer la complejidad y elasticidad de los humedales, difícil de someter a categorías estáticas. También señalan que en la Ley de Bosques se posee un esquema de semaforización y en su implementación no logró los objetivos propuestos. Una alternativa útil sería prever una evaluación ambiental por cada uno de los proyectos.

Otro aspecto a tener en cuenta es la MORATORIA que tiene el objetivo de evitar el riesgo de "anticipación" por parte de agentes productivos que ante la inminencia de una Ley que restrinja en ciertos parámetros sus actividades busquen avanzar aceleradamente en nuevas iniciativas aprovechando el período intermedio entre sanción e implementación de la Ley.

Una herramienta de gestión ambiental útil a ese objetivo es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que ya se encuentra regulada en las provincias y resulta obligatoria previamente al desarrollo de actividades que puedan afectar el ambiente. Sin embargo, su aplicación es heterogénea en el territorio nacional y en la mayoría de las jurisdicciones no abarca actividades identificadas como impactantes, como por ejemplo, las agropecuarias. Durante el proceso de moratoria sería de razonable certidumbre el requerimiento de impacto ambiental de todas las actividades a desarrollar en áreas de probables humedales.

Y el último punto que está en debate es el de las SANCIONES: La discusión gira en torno a sanciones penales para quienes no cumplan las pautas de la futura Ley de Humedales. La mayoría de los proyectos previos preveía sanciones administrativas, similares al incluido en Ley de Glaciares y de Bosques.

La objeción actual de los actores es respecto de que la sanción sea de carácter penal. Esta se enmarcaría en una discusión más amplia: la reforma del Código Penal y la incorporación de figuras que caractericen como delitos penales a conductas que vulneren bienes ambientales.

Esto requeriría un mayor análisis que involucre no solo a los responsables de la gestión ambiental, sino también a la ciencia jurídica para clarificar estas situaciones. Que sería interesante además se aplicara idéntico criterio para preservar los glaciares y bosques.

Por último queremos evidenciar lo que está sucediendo en el área que conforman los Bajos Submeridionales que se encuentra en la Región Chaqueña, segunda área boscosa más amplia de Sudamérica, atravesada por grandes cuencas hídricas que ocupan cerca del 25 por ciento del territorio nacional. En esta región, desde fines del siglo XX y hasta la actualidad, la expansión de actividades extractivas —agroganadera, explotación minera, hidrocarburifera, la taninera para la producción de cueros, forestal, entre otras— acaparó, expropió y destruyó territorios habitados y repletos de biodiversidad.

El Estado Nacional junto a Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero avanzan, sin consulta a las comunidades locales, en mega obras de infraestructura que modificarán uno de los humedales más grandes del país. El objetivo de fondo es ampliar la frontera agropecuaria, conectada a la mal llamada Hidrovía. Trigo transgénico, caña de azúcar y más consecuencias del agronegocio.

El plan incluye más de 30 proyectos, estimados en 366 millones de dólares, para acceder y usar el agua disponible, y así potenciar la producción (agroganadera) en la zona. 

Gran parte de las obras implican realizar canales que encauzan (es decir, transforman la naturaleza) hacia algunos de los principales afluentes del río Paraná.

Asimismo, estas obras (viales, hídricas, férreas), en gran parte de los casos, se realizan sin mediar informes de impacto ambiental o consultas a la población local. Es de destacar que en estos territorios habitan integrantes de los pueblos originarios y según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado debe consultarles antes de ejecutar cualquier tipo de obra, emprendimiento o política que pudiera afectar sus vidas.

En paralelo al anuncio de las intervenciones sobre los Bajos Submeridionales se anunció en nuestro país la aprobación y producción del trigo transgénico HB4. La ingeniería genética, con investigación pública, avanza en la tecnología HB4, que sería apta para sembrar en suelo salino y en condiciones de estrés hídrico se plantea así como una solución a la crisis ambiental actual. Desde que el Plan Director se puso en marcha, se conocieron proyectos de expansión agroindustrial sobre los bajos de trigo HB4, caña de azúcar para la producción de etanol, algodón transgénico y cannabis, todas actividades en las que se consolidan corporaciones con una gran concentración del capital.

En tal sentido nos hacemos algunas preguntas con el objetivo de problematizar qué infraestructura se propone y en función de qué modelo sobre esta región:

Hasta el momento, en la región, la expansión de la agroindustria se sostiene a partir de la incorporación de áreas donde antes prevalecía el monte nativo. Junto con los desmontes, la utilización de agrotóxicos es otro elemento que abona la crisis ambiental y la contaminación regional.

Sobre estas situaciones los argentinos debemos estar informados, por suerte hay movimientos y especialistas que se ocupan de estudiar y cuestionar estas políticas y también, por esa razón, nos hacemos eco en nuestro programa de radio y desde esta página, de transmitirlas, porque evidentemente no son estas las noticias que abundan en los medios, más bien todo lo contrario, la idea es precisamente desinformar.

FUENTES:

►►Leer los cinco puntos para destrabar la Ley de Humedales 

Autores: Victoria Arias Mahiques, Ana Julia Aneise, Malena Galuccio, Carlos Freytes y Juan O Farre, J(2022).

-Agencia Tierra Viva: Malena Castilla y Álvaro Álvarez

-Libro: "Una trenza de hierba Sagrada" de Robin Wall Kimmerer

Program N° 153, emitido el 20/10